(Libertad Digital) La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Susana Mozo, explicó en rueda de prensa que "sólo tenían conocimiento el Alcalde y el Jefe de Policía Local –de la existencia de la cámara– y que supone una vulneración de un Derecho Constitucional como es el derecho a la intimidad".
Mozo explicó a los periodistas que esta decisión obedece al hecho de que su partido considera que lo ocurrido el lunes es un hecho sumamente grave que afecta también a los miembros del Grupo Municipal Popular como trabajadores del Ayuntamiento, por lo que, explicó, "entendemos que los responsables políticos de este consistorio han obrado en contra de la Ley". Así mismo, Mozo informó de que el Grupo Popular pedirá a las instancias judiciales competentes una investigación exhaustiva, "porque queremos asegurarnos de que no estamos siendo vigilados nosotros también".
Al respecto, la portavoz popular dijo no extrañarse de esta forma de actuar del Partido Socialista y calificó de "rodillo político" la forma en la que los socialistas están dirigiendo el municipio. Así mismo, Mozo hizo constar también que el Alcalde de Fuenlabrada reconoció en un comunicado ser conocedor de la existencia de la cámara y de apoyar el uso de la misma. "Razón taxativa por la que creemos que el Alcalde debe responder ante la opinión pública y sus ciudadanos por aceptar este tipo de prácticas en el Ayuntamiento que él dirige", añadió la portavoz.
La portavoz del Grupo Municipal Popular de Fuenlabrada informó a los medios de comunicación de que su formación ve necesaria la suspensión cautelar del Jefe de Policía Local del municipio y así se lo pedirá al Alcalde. No sólo por su intervención en los hechos, atentando contra la libertad y la privacidad de los trabajadores al reconocer la existencia de una cámara de vigilancia, sino también, explicó la popular, por considerar que el Jefe de Policía "fue protagonista de un comportamiento vergonzoso, impropio de su cargo, del que se sirvió para intentar ocultar lo que a nuestro entender es un hecho delictivo del que es responsable".
Mozo explicó cómo en un intento por desalojar la sala donde se encontraba la cámara, el Jefe de Policía "empujó" a varias personas, entre ellas a una concejal popular, María Camisón, y a dos de las trabajadoras de este Grupo Municipal, con el único objeto de evitar que fueran testigos de los hechos. "Hechos, por cierto, que se parecen más a los que se cuentan en una película de espías que a la labor seria que debe regir este consistorio", declaró.
La portavoz explicó además que durante el desarrollo de los acontecimientos, el Jefe de Policía quiso imponer su autoridad por encima incluso de estamentos superiores como son la Policía Judicial y cargos electos de este Ayuntamiento. "Y mintió a los empleados públicos y a los grupos políticos sobre la existencia de la cámara y ocultó información de suma importancia sobre la misma", afirmó. "Por todo ello", continuó, "creemos que ha perdido toda la legitimidad y la confianza de los fuenlabreños a los que está obligado a proteger y es necesario que, mientras se esclarecen los hechos, sea suspendido de su cargo".
Mozo informó también de que el Jefe de Policía Local ya había sido protagonista de varios episodios de calado en el último año dejando demostrado cuál es el tipo de autoridad que ejerce sobre los agentes locales, siempre con el beneplácito del Alcalde. A este respecto, Mozo añadió un dato significativo: Fuenlabrada es el municipio de toda la Comunidad de Madrid con el número más alto de expedientes abiertos a agentes de Policía Local.
La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Susana Mozo, también informó de que, además, su grupo tiene previsto solicitar en el próximo pleno la creación de una comisión de investigación en la que se integren también a los representantes sindicales de los trabajadores para que, en ella, y según explicó, "se depuren responsabilidades administrativas y políticas sobre este asunto".
Los populares esperan que, en dicha comisión, se aclare si se han producido más vigilancias anteriores, si estas aún continúan y si se ha empleado dinero público para llevarlas a cabo. Además, pidió que los resultados de dicha comisión se elevaran a la comisión de la Asamblea de Madrid.
A continuación, la responsable popular lanzó una batería de preguntas que considera de suma importancia resolver porque, a su entender, dejan muchas sospechas e incógnitas sobre los responsables de este Ayuntamiento. Estas cuestiones son las siguientes:
- ¿Por qué no se denunció judicialmente en su día la desaparición de expedientes en el departamento de personal, motivo por el que supuestamente, se colocó la cámara descubierta el lunes?
- ¿Por qué no se ha informado de la desaparición de dichos informes a los grupos municipales representados en este Ayuntamiento?
- ¿Qué contenían esos expedientes que el Ayuntamiento dice que se sustrajeron?
- ¿Quién ordena y autoriza la colocación de la cámara de seguridad?
- ¿Por qué, en un principio, el Jefe de Policía niega la existencia de una cámara?
- ¿Por qué después reconoce su existencia, pero dice que no es grave? ¿Qué oculta?
- ¿Cuál es el sentido de colocar una cámara si después, como han declarado responsables municipales, no se visualizan las imágenes?
- ¿Por qué el alcalde colabora en la instalación de cámaras de vigilancia sin registrar, según se extrae de su propio comunicado?
- ¿Con qué dinero se ha pagado la cámara encontrada el lunes?
Mozo exigió a los responsables municipales "transparencia" en la información del procedimiento judicial que acaba de abrirse, dado el clima de "desconfianza" generado por ellos mismos a raíz de estos hechos.
Además, la portavoz municipal aprovechó para levantar una queja contra la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Fuenlabrada de la que, dijo, "en ningún momento, durante el transcurso de los hechos, ni posteriormente, se ha interesado ni por lo ocurrido el lunes ni por los trabajadores afectados, dando la callada por respuesta". Una actitud, añadió, que deja mucho que desear, crea desamparo institucional y demuestra su poca capacidad de reacción ante los problemas de este municipio.
En este punto, la responsable del Grupo Municipal Popular, Susana Mozo, quiso aclarar, entre otras cosas, que no fueron concejales populares los descubridores y denunciantes de la cámara situada en el Departamento de Personal del Ayuntamiento, como han publicado algunos medios, sino los propios trabajadores, y afirmó que tampoco son ciertas las acusaciones vertidas por el consistorio contra algunos miembros del Grupo Municipal Popular a los que considera causantes del alboroto que provocó, según el Ayuntamiento, el desalojo de la sala por parte del Jefe de Policía.
"El tumulto comenzó cuando el jefe de policía quiso desalojar el lugar por la fuerza, impidiendo a todos los trabajadores allí reunidos en actitud tranquila que fuesen testigos de los hechos", aclaró. Dichos trabajadores, así como la concejal María Camisón, interpusieron sendas denuncias contra el Jefe de Policía y un agente local. Para finalizar, Mozo aseguró que su Grupo Municipal Popular seguirá muy de cerca este asunto al que calificó de grave, “aunque”, añadió, "esperamos, por el bien de los ciudadanos que se quede aquí y que no sea la punta de algo mucho más escabroso".