González Pons, en una conferencia de prensa celebrada en la sede nacional del PP, ha añadido que en España "no existe ningún control sobre la capacidad del Gobierno para limitar algunos derechos civiles", como el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones.
Todo ello por el empleo del sistema SITEL, que permite que la Policía no sólo sepa la identidad del titular del teléfono interceptado, sino también su ubicación geográfica, el nombre de las personas con las que habla, el tráfico de llamadas, de mensajes y de correo electrónico, entre otras cuestiones.
Esta información que almacena Interior "no tiene cobertura legal" y carece de autorización judicial, ha denunciado González Pons. Además, ha señalado que el sistema de grabación funciona al margen del aparato y de la tarjeta SIM, por lo que "aunque se cambie la tarjeta o el teléfono se continúa siendo grabado".
Por ello, ha subrayado que dicho sistema resulta "inconstitucional e ilegal porque no existe ley orgánica que lo ampare", ya que lo establecido en "la ley de enjuiciamiento criminal permite solo las escuchas telefónicas, y mediante autorización judicial". Pero, tal y como señala Pons el veraddero problema es "el resto de información que almacena, que no son las llamadas".
Como ejemplo, ha apuntado que el Gobierno almacena información de otro carácter, "gracias al número de cuenta asignado por el proveedor de servicios de internet y datos del tráfico, el Gobierno puede saber qué informaciones mandamos a las páginas que visitamos, el número secreto de nuestra cuenta corrietne, la información de la cuenta...".
El PP no plantea dejar esta denuncia -que ha desvinculado del caso Gürtel- en una mera rueda de prensa, sino que piensa llevar a cabo una proposición no de ley para que las declaraciones de SITEL se graben mediante autorización judicial.