Tras la victoria del PSOE en las convulsas elecciones generales de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero se puso manos a la obra para configurar un Gobierno que, pese a las cuotas territoriales de ministros, tuviese el mayor número posible de personas de su máxima confianza. De León, la tierra de adopción del presidente, llegó para hacerse cargo de la cartera de Interior José Antonio Alonso.
Alonso, juez de carrera, vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2004 a propuesta del PSOE, portavoz entre 1994 y 1998 de Jueces para la Democracia, lleva consigo hasta la sede del ministerio a Antonio Camacho, al que nombra secretario de Estado de Seguridad y sitúa como número dos de Interior.
Alonso y Camacho habían coincidido durante años en el día a día de la justicia española. El primero, como juez, el segundo, como fiscal y juez en excedencia. Pero ante todo, Camacho había destacado entre 2000 y 2003 en su papel como presidente y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.
Fue nombrado secretario de Estado de Seguridad el 19 de abril de 2004 y un día después tomó posesión del cargo, sustituyendo en el puesto a Ignacio Astarloa. Su labor en el ministerio del Interior no tuvo excesiva trascendencia hasta el año 2006, en el que se hace patente la negociación entre el Gobierno Zapatero y los terroristas de ETA.
Empezó ese año con un duro traspiés. Entrevistado por una televisión australiana se puso nervioso ante una pregunta sobre torturas a terroristas de ETA detenidos. Fue incapaz de afirmar que son parte de la estrategia de la banda terrorista y que se han incautado documentos de ETA en los que se conciencia a sus terroristas de que deben denunciar torturas nada más ser detenidos; al contrario, tan sólo fue capaz de responder con un "corta un momento". El vídeo con su pésima actuación recorrió durante meses las páginas de internet –ahora ya no se puede consultar en Youtube, donde fue colgado inicialmente– y sirvió de noticia al diario Gara.
Poco después del desagradable incidente con los periodistas australianos, tuvo que coger un avión en dirección a París. Allí le esperaba una enfadadísima Laurence Le Vert, la jueza francesa que más daño ha hecho al terrorismo etarra. Un filtración desde España, a cuyo ministerio había informado cumpliendo los protocolos, había desbaratado una importante operación contra ETA. Antonio Camacho fue el encargado de apaciguar los ánimos de Le Vert por el chivatazo español, según informaba El Confidencial Digital en junio de 2006.
Éste lunes, El Mundo apuntaba que ese mismo hombre encargada de apaciguar los ánimos de Le Vert, días antes de ese viaje habría recibido una llamada telefónica del entonces director de la Policía Nacional, Victor García Hidalgo, en la que se ultimaron los detalles del "chivatazo" sobre la operación antiterrorista que planeaba Le Vert.
Mientras el Gobierno, y el por entonces recién nombrado nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se cerraban en banda y negaban de forma tajante cualquier chivatazo a los terroristas etarras tras salir a la luz las primeras informaciones, Antonio Camacho trabajaba en su despacho en la elaboración de los famosos informes de verificación que aclararían si ETA mantenía o no su actividad terrorista.
Como marcaba el guión, el secretario de Estado de Seguridad entregó a José Luis Rodríguez Zapatero hasta tres informes de verificación, según los cuales ETA había abandonado temporalmente toda actividad terrorista y su tregua para negociar políticamente con el Gobierno era real. Pese a que año y medio más tarde, tras el atentado de la T-4 de Barajas, Zapatero evidenció que no hubo tal verificación, ya en aquel momento los informes de Camacho hacían aguas y se vislumbraban absolutamente falsos: los etarras continuaban extorsionando a empresarios, robaban coches en Francia, amenazaban al país vecino en comunicados, terrorismo callejero...
Tras el fracaso de la negociación, la banda terrorista ETA no tuvo reparos en desvelar muchos de los aspectos de la negociación a través de uno de sus altavoces habituales, el diario Gara. El secretario de Estado de Seguridad no tuvo problemas en calificar estas revelaciones de "novela", para intentar restarles importancia e intentar ocultar las vergüenzas del Ejecutivo.
Lejos de su actividad de verificación del proceso negociador y de apaciguador de la juez francesa Le Vert, Camacho también ha destacado por ocultar desde su llegaba al ministerio del Interior los datos de delincuencia. Suya fue una instrucción remitida a todas las delegaciones del Gobierno para que no hiciesen públicos los datos autonómicos sobre criminialidad. De hecho, su figura centra todas las polémicas sobre la ocultación de estos datos.
Es más, cuando en marzo de 2009 saltó la polémica por las detenciones arbitrarias de inmigrantes sin papeles, no tuvo reparos en desmentir a Alfredo Pérez Rubalcaba, que había negado la existencia de estos arrestos, y reconocer que se estaban haciendo en "4 ó 5 comisarías" y debido, supuestamente, a "un error operativo".
Hace un par de meses, tampoco tuvo problemas en comparar a los senadores del PP con Batasuna-ETA. Los hechos sucedieron en la comisión de Interior del Senado, después de que los populares solicitasen que se continuasen investigando algunos puntos de los atentados del 11 de marzo.