Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, la petición de la fianza se ha producido dado que se ha modificado la calificación con la que permanece en la causa el Centro Jurídico, que ha pasado de acusación particular a acusación popular.
En un comunicado, la parte querellante denunció que esta fianza es "un obstáculo insalvable para el ejercicio de la acción popular, ya que el Centro Jurídico "nunca ha solicitado ayudas pública" y siempre ha tenido que sufragar "directamente del bolsillo de sus miembros y con el apoyo generoso de algunos donantes" las fianzas que se les han solicitado "para proseguir las actuaciones penales abiertas contra numerosas clínicas abortivas".
Por ello, apela "al desprendimiento de todos los españoles" para recaudar los 6.000 euros, ya que "considera necesario que la indignación social por el deficiente uso que se está haciendo de los fondos públicos se plasme en acciones concretas". "Con la presentación querella criminal contra López Garrido habló el derecho, ahora corresponde a la sociedad civil refrendar lo acertado de nuestras actuaciones", indica.
El magistrado decidió la semana pasada admitir una de las tres pruebas que el presidente del centro jurídico, Javier Pérez Roldán, había solicitado días antes, coincidiendo con la toma de declaración del juez a López Garrido. Una vez se resuelva esta prueba, Sexmero tomará una decisión sobre el procedimiento. En concreto, el juez aceptó remitir al Ministerio de Cultura una petición para que aclare en qué fecha dejó de ser patrón el secretario de Estado de la Fundación Alternativas, cercana al PSOE.
En su declaración ante el juez celebrada el pasado día 4, López Garrido aseguró que se dio de baja "inmediatamente" después de ser nombrado secretario de Estado, mediante una carta que envió a la Fundación. Sin embargo, Pérez Roldán sostiene que en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura aparecía como patrón hasta mayo de 2009. El abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, solicitó al juez el pasado día 4 el sobreseimiento libre y el archivo de la querella en contra de López Garrido porque considera que "no hay indicios de delito" y no hay lugar a imputación.
Ante el juez, López Garrido insistió en que se dio de baja mediante una carta enviada el día 21 de abril de 2008, seis días después de ser nombrado para su actual cargo, de la que tomó nota la junta de la fundación en una reunión el 10 de julio de ese año, antes de que se concedieran las ayudas de 60.000 y 18.000 euros, el 22 de julio de 2008 y el 14 de mayo de 2009, que son objeto de la querella.
Aseguró también que el procedimiento de concesión de subvenciones de su Secretaría de Estado "se ha ajustado absolutamente a la legalidad y siguiendo estrictamente la orden de 2006 que regula este tipo de subvenciones". Sin embargo, la parte querellante mantiene dudas sobre la fecha en que se produjo la baja ya que, según explicó el abogado, la carta "no tiene fecha ni sello de salida", mientras que iba con membrete de la Secretaría de Estado una semana después de que fuera nombrado.