LD (Ángela Martialay) Era algo que se preveía en el ámbito judicial desde hacía semanas y que los populares daban por hecho a raíz de las últimas filtraciones. Este lunes el juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha acordado remitir la causa al Tribunal Supremo (TS) al apreciar indicios de delito en la actuación de los parlamentarios del PP Luis Bárcenas, el eurodiputado en funciones Gerardo Galeote y Jesús Merino.
En el escrito que ha elevado al alto tribunal, el instructor de la causa en el tribunal madrileño, Antonio Pedreira, señala que Bárcenas -- que por su condición de aforado debería ser investigados por el Supremo-- podría haber cometido un delito contra la hacienda pública y otro de cohecho, que también le atribuye a Merino.
Explica el juez que los últimos datos incorporados al sumario "han descubierto nuevos hechos" y han puesto de manifiesto "la posibilidad veraz" de que Luis Bárcenas y Jesús Merino"hayan podido incurrir en infracciones de naturaleza administrativa y penal y sean responsables".
Nuevos datos
De esta forma, y ante "los avances de la investigación", es el Supremo el tribunal que "tiene plena competencia para asumir el proceso penal contra los aforados sin que ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni la Audiencia Nacional puedan oponerse a sus decisiones", explica el instructor.
En el caso del delito fiscal atribuido al senador popular , el juez pide a la Sala de lo Penal que se declare competente con "carácter urgente" para investigar los hechos antes de que prescriban, lo que podría ocurrir en el plazo de un mes. Para ello, pide que Bárcenas, Merino y Galeote presten declaración ante este tribunal.
El alto tribunal, que no tiene plazo de tiempo para contestar, tendrá que decidir si asume únicamente la investigación contra Bárcenas y Merino o reclama al TSJM la totalidad de la causa , en la que, entre otros, están imputados el ex consejero Alberto López Viejo, los diputados Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch y los ex alcaldes de Boadilla, Pozuelo, Arganda y Majadahonda.
Contabilidad "B"
Los indicios detectados por Pedreira están recogidos en un informe de la Agencia Tributaria remitido la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción en el que se detallan los ingresos que Bárcenas y Merino habrían recibido de la presunta trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa, y que se detallan en el resumen de pagos de la 'caja B' de sus empresas. A partir de este documento de la Agencia Tributaria, Anticorrupción remitió el pasado martes un informe a Pedreira en el que daba cuenta de la existencia de "indicios razonables" que apuntaban a la comisión de un delito fiscal por parte de Bárcenas y de Jesús Merino.
Se da la circunstancia de que los delitos contra la Hacienda Pública que supuestamente habría cometido Bárcenas ocurrieron hasta mediados del año 2004, por lo que estarían cerca de prescribir y, por esa razón, la Fiscalía estaría exigiendo una actuación urgente que lo impidiese. Por ello, y en la misma línea, Antonio Pedreira solicita a la Sala Segunda del Supremo que se declare competente para evitar la posible prescripción del delito fiscal.
Este mismo lunes la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que el tesorero de su partido no está imputado en ningún sumario y ha añadido que, si se produce su imputación por el Tribunal Supremo, habrá que "actuar en consecuencia".
En el escrito que ha elevado al alto tribunal, el instructor de la causa en el tribunal madrileño, Antonio Pedreira, señala que Bárcenas -- que por su condición de aforado debería ser investigados por el Supremo-- podría haber cometido un delito contra la hacienda pública y otro de cohecho, que también le atribuye a Merino.
Explica el juez que los últimos datos incorporados al sumario "han descubierto nuevos hechos" y han puesto de manifiesto "la posibilidad veraz" de que Luis Bárcenas y Jesús Merino"hayan podido incurrir en infracciones de naturaleza administrativa y penal y sean responsables".
Nuevos datos
De esta forma, y ante "los avances de la investigación", es el Supremo el tribunal que "tiene plena competencia para asumir el proceso penal contra los aforados sin que ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni la Audiencia Nacional puedan oponerse a sus decisiones", explica el instructor.
En el caso del delito fiscal atribuido al senador popular , el juez pide a la Sala de lo Penal que se declare competente con "carácter urgente" para investigar los hechos antes de que prescriban, lo que podría ocurrir en el plazo de un mes. Para ello, pide que Bárcenas, Merino y Galeote presten declaración ante este tribunal.
El alto tribunal, que no tiene plazo de tiempo para contestar, tendrá que decidir si asume únicamente la investigación contra Bárcenas y Merino o reclama al TSJM la totalidad de la causa , en la que, entre otros, están imputados el ex consejero Alberto López Viejo, los diputados Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch y los ex alcaldes de Boadilla, Pozuelo, Arganda y Majadahonda.
Contabilidad "B"
Los indicios detectados por Pedreira están recogidos en un informe de la Agencia Tributaria remitido la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción en el que se detallan los ingresos que Bárcenas y Merino habrían recibido de la presunta trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa, y que se detallan en el resumen de pagos de la 'caja B' de sus empresas. A partir de este documento de la Agencia Tributaria, Anticorrupción remitió el pasado martes un informe a Pedreira en el que daba cuenta de la existencia de "indicios razonables" que apuntaban a la comisión de un delito fiscal por parte de Bárcenas y de Jesús Merino.
Se da la circunstancia de que los delitos contra la Hacienda Pública que supuestamente habría cometido Bárcenas ocurrieron hasta mediados del año 2004, por lo que estarían cerca de prescribir y, por esa razón, la Fiscalía estaría exigiendo una actuación urgente que lo impidiese. Por ello, y en la misma línea, Antonio Pedreira solicita a la Sala Segunda del Supremo que se declare competente para evitar la posible prescripción del delito fiscal.
Este mismo lunes la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que el tesorero de su partido no está imputado en ningún sumario y ha añadido que, si se produce su imputación por el Tribunal Supremo, habrá que "actuar en consecuencia".