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El informe policial de Mercasevilla duda del uso de las ayudas sociales de Sanma

Sanma, que resultó adjudicataria de los suelos del antiguo mercado de Mercasevilla en un proceso investigado por los tribunales, entregó a la empresa pública 246.000 euros para cursos, si bien el informe policial concluye que "no se puede relacionar directamente  las ayudas y las actuaciones".  

Según un extracto del informe, enviado por la Policía Nacional a la juez Mercedes Alaya el pasado 11 de noviembre, los investigadores descubrieron durante las diligencias un documento mediante el que Luis Sánchez Manzano, en representación de Sanma Desarrollos Urbanísticos, se comprometía el 6 de febrero de 2006 a asumir "la mejora de las prestaciones sociales y empresariales" de la plantilla de Mercasevilla en el caso de resultar adjudicataria de los suelos ofertados mediante el citado concurso público.

Se comprometía, según un extracto del informe policial hecho hoy público por el PP, a aportar 30.000 euros anuales durante cinco años para la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, la asunción del coste de cursos de seguridad y salud por hasta 6.000 euros anuales, 70.000 euros como "subvención" para la integración social de colectivos desfavorecidos y la enajenación de suelos para la construcción de cien viviendas protegidas con destino a los empleados de la empresa.

El contrato que zanjaba la adjudicación de los suelos a Sanma pese a que concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga, formalizado el pasado 23 de febrero de 2006, no contemplaba, no obstante, "ninguna cláusula o estipulación" en cuanto al "adelanto" de 150.000 euros solicitado el 15 de septiembre de 2006 a Sando por parte del entonces director general de Mercasevilla y según la Policía "gran artífice" de los hechos, Fernando Mellet. Tal aspecto, según los investigadores, ya constituye una "posible irregularidad".

Las investigaciones arrojan que Mercasevilla percibió aproximadamente 246.000 euros de manos de Sanma en virtud de los compromisos adoptados en el documento firmado por Luis Sánchez Manzano, pero al margen de la "condición finalista" de estos compromisos a la hora de resolver el concurso, los investigadores de la Policía Nacional creen que "en base a la documentación existente", no se puede "relacionar directamente ayuas y actuaciones".

El PP sospecha de un delito societario

Es por ello que el concejal del PP y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, consideró hoy en rueda de prensa que el informe es "demoledor", porque confirma que Mercasevilla está plagada de "escándalos" y se terminará revelando el "delito societario" atisbado por el PP. "El dinero que estaba destinado a programas sociales no se empleó en eso", resumió el concejal del PP en cuanto al contenido de este extracto del informe policial.

En cuanto a la parte del informe que resuelve que "no se ha podido determinar el verdadero conocimiento" que de los hechos tenían los miembros de la comisión ejecutiva y el consejo de administración de Mercasevilla, el consejero del PP remarcó que el documento también atribuye una "conducta desarreglada" y "arbitraria" a los órganos de gobierno de la empresa por aprobar el pliego de condiciones que reguló el concurso público pese a las posibles irregularidades contenidas en él.

A tal efecto, advirtió de que el propio informe recoge que los investigadores están "a la espera de continuar la investigación" y "no descarta una comisión culposa" por parte de los miembros de la comisión ejecutiva, integrada en aquellos momentos por personas como  el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA) o el ex concejal socialista Gonzalo Crespo, quienes ya han declarado ante la Policía junto a Domingo Enrique Castaño, ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano, ex asesor del Grupo Municipal Socialista y miembro también entonces de la comisión ejecutiva.

 "La Policía Judicial, a fecha de 11 de noviembre, no puede demostrarlo", dijo Beltrán Pérez en cuanto a la implicación de más miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla en los hechos, si bien advirtió de que tal extremo "no quiere decir que no pueda demostrarse en el futuro".

El alcalde, Torrijos y Marchena

Para reforzar esta advertencia, recordó que Castaño, cuyo papel es "significativo" en la trama según la Policía Nacional, dependía como responsable del Área de Vía Pública "directamente" del por entonces gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de las empresas del Ayuntamiento, Manuel Marchena. A tal efecto, destacó el papel de Manuel Marchena como hombre de confianza del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el hecho de que Castaño era "el asesor más personal y cercano" del primer edil y "uno de los señores del Urbanismo" en el PSOE y en el Consistorio.

Como punta de la pirámide, Beltrán Pérez recordó que "el presidente de la Gerencia de Urbanismo" no es otro que el propio alcalde, por lo que creyó "evidente" que la "línea de investigación" apuntará a Manuel Marchena, Antonio Rodrigo Torrijos y Alfredo Sánchez Monteseirín, porque "nadie puede creer que en el asalto a mano armada de Mercasevilla sólo hayan participado actores secundarios".

Así, manifestó su sospecha en cuanto a que a Castaño "se le encardinó" en el área de Urbanismo precisamente para consumar la operación, pues el mencionado ex militante del PSOE terminó en el organigrama de Sando, como también figura en el informe policial.

Además, advirtió de que las diligencias "dibujan un escenario brutal y demoledor" a la hora de exigir responsabilidades políticas, porque el informe alude a expedientes de regulación de empleo "fraudulentos" y "aún quedan muchas pruebas por practicar". "Es un escándalo de gran magnitud --aseguró Beltrán Pérez-- para el Ayuntamiento y para la Junta de Andalucía". Por eso, reclamó al Gobierno andaluz que aclare su papel en los expedientes de regulación de empleo consumados en Mercasevilla.

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