El brazo político de ETA trabajaba en hasta tres opciones diferentes para intentar colarse en las elecciones municipales y forales 2011, tal y como informó Libertad Digital hace varias semanas. Una táctica similar a la que llevaron a cabo para los comicios de 2007, en la que terminaron presentándose bajo las siglas de Acción Nacionalista Vasca.
La primera de esas opciones era el nuevo partido oficial de Batasuna, que sería el ahora conocido como Sortu, y que como ya se informó tiene todos los visos de ser un caso similar al de Abertzalen Sozialisten Batasuna (ASB), la formación a la que puso imagen el mismísimo Arnaldo Otegi y al que el Supremo denegó el registro en Interior por ser sucesora de HB-EH-Batasuna.
Fracasada esa opción, los batasunos presentaron en 2007 como plan B y plan C las candidaturas locales de Abertzale Sozialistak y las listas de ANV. Como en aquella ocasión, este diario informó que los proetarras trabajaban en una táctica similar, que consistiría en presentar en 2011 listas blancas tras el rechazo del nuevo partido –Sortu–, ya fuese como plataformas electorales o agrupaciones de electores independientes o bajo el paraguas de Eusko Alkartasuna y Alternatiba, la escisión de IU-EB que lidera el ex parlamentario Oscar Matute.
De hecho, los batasunos llevan semanas trabajando en la elaboración de sus programas electorales municipales. Para ello, buzonearon durante los primeros diez días de febrero por las comunidades vasca y navarra más de un millón de encuestas cuyos resultados serán incorporados a los citados programas. La elaboración de los mismos se realiza de forma paralela a sus estratagemas electorales, pues la intención es que sea el programa de la candidatura que pueda presentarse finalmente a esos comicios, ya sea Sortu –que parece ya poco probable– o de sus planes B o C.
Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital aseguran que es "muy difícil" que no se cuelen por la vía de la agrupación de electorales. "Siempre se cuelan", justifica el Gobierno. Sostienen que esta fórmula ya se contempló para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La inclusión de la "incompatibilidad sobrevenida" permitiría en este caso, a través de una declaración jurada de condena del terrorismo, retirar el acta de concejal a aquellos que no realizan dicha condena, prueba fehaciente de su vinculación con ETA.
Las agrupaciones de electores son iniciativas que se presentan a las elecciones con el aval de un número de firmas, entre 100 y 8000 firmas, o un 1 por ciento del censo electoral, según el tamaño del municipio. Su complicación radica en que se estudia a personas y no a partidos. Es "muy difícil" que no se cuelen, admite el Gobierno a este periódico por los llamados "nombres limpios", personas que no pueden ser impugnadas porque, aparentemente, no guardan vinculación con Batasuna ETA. Además, descartan desde Moncloa que los proetarras se vayan quedando sin nombres "no contaminados" porque apuntan a que "pueden tirar de gente joven que recoja el testigo". Y añaden: "siempre se cuelan".
El segundo problema es que estas fórmulas exigen una mayor rapidez de actuación porque los plazos "son más cortos" y "hay poco tiempo", dado que pueden anunciarlo "hasta un día antes de la presentación de candidaturas". Según explican las citadas fuentes, el procedimiento sería el mismo que con la inscripción de un nuevo partido. Interior tendrá que elaborar entonces nuevos informes sobre los integrantes de las listas, "investigando uno a uno", a través de la Policía y la Guardia Civil. "Es un trabajo..." de chinos, dan a entender desde Interior. A partir de ahí, los remiten a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que, a su vez, dan traslado de su decisión a la Sala 61 del Supremo. Y entonces, está en manos de los jueces.
Confían desde el Ejecutivo en que el Supremo, con sus propios plazos, se pronunciará antes de las elecciones. "Los plazos están tasados, son cortos pero están tasados. Su decisión, llegará antes. Siempre llega antes".
Para que todo esto se produzca, Batasuna ETA debe recabar los apoyos necesarios en cada pueblo, en cada municipio, porque la candidatura es para una cita electoral concreta y para una circunscripción determinada. Y las Fuerzas de Seguridad del Estado podrían tener constancia ya de esos movimientos. Ni desde el Gobierno ni desde Moncloa se atreven a confirmar esas reuniones. Tan sólo dicen que "tienen muchos datos".