La periodista Ángeles Escrivá cuenta en El Mundo que el chivatazo a ETA estuvo sobre la mesa durante la negociación. Así lo demostrarían las actas de los etarras que están en manos de autoridades judiciales y policiales francesas y también de las fuerzas de seguridad españolas pero que, sin embargo, aún no ha investigado Baltasar Garzón.
En ellas, en especial en un documento referido a un encuentro en octubre de 2006, se explica cómo el Gobierno utilizó el soplo para defenderse de las acusaciones de los terroristas, que por esa época venían acusando al Ejecutivo de incumplimiento en los acuerdos mientras los etarras continuaban extorsionando y cometiendo ataques de terrorismo callejero. Después, llegaría el atentado de la T-4.
En el documento, se recoge cómo uno de los enviados del Gobierno contesta ante uno de los terroristas: "En relación a la operación llevada por Marlaska, os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE". Aludía a la operación impulsada por el juez, conocida como "caso Faisán", para desbaratar la trama de extorsión de la banda y que gracias a un soplo al que ahora quiere dar carpetazo la Fiscalía tuvo que retrasarse.
Según cuenta Escrivá, el enviado del Gobierno trataba así de convencer a los etarras de que el Ejecutivo había asumido riesgos y que estos afectaban al PSOE y a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y es que uno de los compromisos, siempre según los terroristas, que adquirió el Ejecutivo era que no hubiera detenciones durante el proceso de negociación. Además, El Mundo explica que en el encuentro los etarras mostraron sus dudas sobre si la operación contra la trama de extorsión desarrollada por Marlaska había sido sólo impulsada por el juez o tenía detrás al Ejecutivo.
La periodista explica que la argumentación del Ejecutivo podría tratarse sólo de una estratagema para responder a los argumentos de los terroristas. Pero habrían permitido, en cualquier caso, poner el soplo encima de la mesa. Si fuera verdad, sin embargo, lo que dijo el interlocutor se trataría de la primera vez que el Gobierno reconoce la existencia de ese chivatazo y que se hizo, en efecto, para evitar una operación antiterrorista desarrollada por la Justicia.