Las sorprendentes revelaciones que recoge este miércoles El Mundo en un artículo de Ángeles Escrivá, formarían parte de las actas de la negociación guardadas por la propia ETA y que han sido incautadas tras detenciones de terroristas en suelo francés. Las actas se corresponderían a reuniones celebradas entre el 11 y el 15 de diciembre de 2006, sólo unos días antes del atentado de la T4 que costó la vida a dos personas.
Según el contenido de estas actas el Gobierno habría ofrecido a la banda terrorista acuerdos en diversos temas inmersos en aquel momento en procedimientos judiciales en instancias tan elevadas como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Entre ellos asuntos de la importancia del proceso a la organización juvenil etarra Jarrai (en aquel momento en manos del juez Garzón que "congeló" el sumario), el PCTV que sirvió de "lista blanca" a ETA y cuya vinculación con la banda analizaba la Justicia, o casos como el de Udalbiltza, Ekin o las Herriko Tabernas.
El enviado del Gobierno José Manuel Gómez Benítez fue, siempre según las actas que revela El Mundo este miércoles, explícito respecto al proceso a Jarrai, en el que afirmo que el Gobierno estaba interesado en que no fuese considerado parte de ETA (a pesar de surtir de nuevos miembros a la banda terrorista) y que estaban "intentando negociar".
En cuanto al PCTV, el partido utilizado por la banda para estar el las elecciones autonómicas del año 2005, Gómez Benítez aseguró a los terroristas que "lo más probable es que se acuerde que el PCTV no constituye una continuación de Batasuna".
Reproches de los terroristas
Siempre según el relato que El Mundo hace de estas actas, las reuniones empezaron con severos reproches de los terroristas a los representantes del Gobierno, a los que echaban en cara que no se hubiese podido solucionar la excarcelación de varios miembros enfermos de la banda y también la de De Juana Chaos, una de las exigencias que los terroristas habían planteado en la anterior reunión en el mes de septiembre.
También estuvo encima de la mesa de negociación el caso del periódico Egunkaria, cerrado por orden judicial al ser considerado una herramienta más de la banda etarra. Se da la circunstancia de que en el proceso judicial posterior el ministerio Fiscal cambió su posición inicial para, en un sorprendente giro, afirmar que los terroristas no controlaban el periódico a pesar de que si estaba interesando en él y estaba "al tanto de sus necesidades".