Según publica ABC, el Gobierno estaría extremando las precauciones para que Garzón sea suspendio y apartado del juzgado, dejando la instrucción del chivatazo a ETA en manos de otro magistrado.
Pero no es un camino sencillo, ya que el juez estrella está inmerso en el proceso penal que estudia si cometió prevaricación durante la investigación de las desaparicientes de la Guerra Civil y el franquismo.
De modo que el Ejecutivo no se habría andado con miramientos, y habría acudido al origen del "conflicto", ofreciendo al juez que instruye la querella contra Garzón, un suculento puesto como magistrado del Tribunal Constitucional.
De modo que el Ejecutivo no se habría andado con miramientos, y habría acudido al origen del "conflicto", ofreciendo al juez que instruye la querella contra Garzón, un suculento puesto como magistrado del Tribunal Constitucional.
A cambio, Varela se comprometería a no llevar a juicio a la Audiencia Nacional, según le explicaron varias fuentes del entorno de los Ministerios de presidencia o Interior. Fuentes del TC consultadas por ABC recalcan que estas presiones recibidas por Varela podrían ser la causa principal de su tardanza en tomar una decisión sobre el archivo o no de las tres querellas presentadas contra Garzón.
De hecho, el magistrado llegó a afirmar delante de sus compañeros que tenía intención de resolver rápidamente la causa, y casi con toda probabilidad llevar a juicio al magistrado por prevaricación. Pero tras ocho meses de instrucción, la causa continúa paralizada.
Las fuentes del Supremo coinciden con esta tesis. Además, consideran excesivo el tiempo empleado por Varela, ya que no es necesaria la practica de tantas diligencias para una causa que hoy en día sigue "investigando".