La aplicación completa de la ley no será inmediata ya que es necesario llevar a cabo la modificación de leyes orgánicas, algo que solo pueden hacer la Cortes. En una primera fase se crearán cuatro veguerías: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona que reemplazarán a las actuales provincias, y tras las modificaciones necesarias en las Cortes, estas veguerías se subdividirán para crear tres más: Cataluña Central, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran.
"Acto de soberanía"
El consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, ha afirmado que la aprobación de la ley es un "hito histórico" para el autogobierno de Cataluña, y pese a que ha considerado necesaria la cooperación con el Estado para aplicarla, ha manifestado que representa "un acto de soberanía y la confrontación del modelo territorial del catalanismo político con el modelo centralizador de las provincias".
El consejero ha avanzado que, tras su aprobación, el primer objetivo que se fija su consejería es retomar las negociaciones con el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para solicitar las modificaciones legislativas necesarias. "Es necesaria la colaboración con el Estado y esperemos ser correspondidos", ha sentenciado.
Sentencia del Tribunal Constitucional
Pese a que el propio Consejo de Garantías Estatutarias, órgano creado bajo el amparo del Estatuto, dictaminó que una disposición era inconstitucional, y el Tribunal Constitucional interpretó las disposiciones del Estatuto sobre veguerías cuestionando la ley, Ausàs ha asegurado que el texto ha sido enmendado para que tenga un "encaje jurídico" con el Estatuto y las normativas estatales.
Ausás ha manifestado sentirse "triste y decepcionado" por la votación en contra de CiU, y ha acusado a la federación nacionalista de votar en contra del proyecto por su "ansia de combatir del Govern" sea cual sea la ley que éste impulse.
El TC ha dictaminado que "en ningún caso la creación, modificación y supresión, así como el desarrollo del régimen jurídico de las veguerías", pueden regularse por parte del legislador autonómico.
Para que la organización en veguerías fuera legal se tendría que cambiar, previamente, la Ley de Bases de Régimen Local y tratar a Cataluña con un régimen especial. Aun así, las cuatro provincias de Cataluña no podrían desaparecer nunca pues están determinadas en la Constitución como forma de organización local.
La oposición la rechaza en bloque
El diputado de CiU Lluís Coromines, que ha pedido al gobierno catalán que retirase la ley del pleno, la ha calificado de "fracaso político y de agresión al autogobierno de Cataluña" porque, a su juicio, genera inseguridad jurídica al aprobarse sin modificar las leyes estatales necesarias.
"Es una división absurda y burocrática que va en contra de los intereses de Cataluña", ha aseverado el diputado del PP Àngels Olano, porque considera que aumenta las estructuras administrativas en tiempos de crisis, y se opone a la doctrina fijada por el TC en su sentencia sobre el Estatuto.
El diputado del Grupo Mixto Albert Rivera ha justificado su rechazo a la norma porque es "un capricho" de ERC que aumenta el gasto público, y que simboliza que el gobierno catalán durante toda la legislatura ha confundido sus "delirios con las necesidades de los ciudadanos".
Octava veguería
Tripartito, CiU y PP, aunque no han coincidido en la aprobación de la ley, sí que han contemplado la posibilidad de que, una vez se hayan creado las siete veguerías, se pueda crear una octava, la del Penedés, que incluiría las actuales comarcas del Baix Penedès, Alt Pendès, y parte de los municipios de l'Anoia. "Todos sabemos que acabará siendo veguería", ha asegurado sobre el Penedés el diputado de ERC y ponente de la ley, Miquel Ángel Estradé.
Precisamente cuando los diputados se disponían a votar el proyecto de ley, miembros de la 'Plataforma per una Veguería Propia' que defienden la creación de la octava veguería –y que seguían el debate desde la tribuna de invitados–, han mostrado su disconformidad con el texto colocándose de espaldas al pleno.
En la misma tribuna, han seguido la sesión plenaria el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Manuel Bustos o el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Salvador Esteve.