En una rueda de prensa llena de vaguedades el vicepresidente tercero del Ejecutivo y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha intentado explicar los acuerdos de la denominada Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, que se ha reunido para tratar el desarrollo del Estatuto catalán tras la sentencia del Tribunal Constitucional con el poco escondido propósito de sortear el fallo.
Chaves ha explicado que se ha acordado el traspaso a la Generalidad de Cataluña de competencias en materia de ayudas y becas al estudio, obras hidráulicas que estaban pendientes, ampliación de medios para la conservación de la naturaleza así como reclamaciones económicas y administrativas en materia tributaria, sin más especificaciones. Todas estas materias han sido objeto de acuerdo en la reunión del Gobierno y que sólo quedan por concretar "algunos flecos", dijo, con la Generalidad en la Comisión Bilateral que se celebrará la próxima semana en Barcelona.
En cuanto a los temas que han quedado pendientes en la reunión de este miércoles y que se abordarán más en profundidad la semana que viene, el ministro ha destacado la posible aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut, que establece que la inversión del Estado en Cataluña debe equipararse a la participación catalana en el PIB español por un periodo de siete años, así como la petición de la Generalidad para el traspaso de las conexiones ferroviarias por vía convencional. Si el acuerdo toma forma, supondría un gasto extra de importe aún sin cuantificar para las arcas públicas.
La reforma judicial
Chaves también ha mencionado otros temas que requerirán un mayor estudio, dijo, para su posible aplicación, y que deberán atenerse a las disposiciones presentadas en la sentencia del Constitucional, como es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De la Vega ya anunció que la reforma ya estaba en marcha en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario de agosto. Este miércoles, el ministro ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará en un "corto plazo" de tiempo la reforma, con la que se contempla la delegación de competencias a los consejos autonómicos de Justicia y evitar así la inconstitucionalidad del Estatuto en este capítulo.
El vicepresidente tercero ha recalcado que esta modificación afectaría a todas las comunidades autónomas, no sólo a Cataluña, por lo que, dijo, también daría respuesta a las reclamaciones fijadas en otros estatutos. Preservaría, apuntó adelantándose a posibles críticas, "la unidad de la justicia y del poder judicial". Sin embargo, según lo que apunta el propio Gobierno sobre la norma, supondría la creación de 17 organismos.
Si bien ha explicado que es una reforma que el Gobierno quiere "negociar" con las autonomías, no ha precisado si el proyecto de ley estará aprobado antes de las elecciones catalanas del 28 de noviembre.
Según Chaves, esta es la primera vez que se reunía una Comisión Delegada de este tipo para abordar traspasos de competencias. La reunión ha estado presidida por el propio vicepresidente tercero y han asistido las vicepresidentas primera, María Teresa Fernández de la Vega, y segunda, Elena Salgado, así como los ministros de Justicia, Francisco Caamaño, y Educación, Ángel Gabilondo, además de representantes de Interior y Fomento.
"Es la primera vez que un estatuto se ve afectado por una sentencia del Tribunal Constitucional, que le afecta de forma casi global", ha reconocido Chaves modificando el discurso del Gobierno. Añadió que lo que se buscaba en la reunión era "contribuir al desarrollo del Estatut, siempre en el marco de la Constitución". De hecho, ha asegurado que desde la entrada en vigor del texto en 2006 se han aprobado siete decretos leyes de traspaso, "todos ellos avalados por el Constitucional".