La Fiscalía ha reclamado este lunes la absolución del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que el Tribunal Supremo ha abierto juicio oral por prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, al considerar que los hechos no constituyen delito de prevaricación. Así consta en el escrito de calificación provisional que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido a la sala de lo penal del Alto Tribunal.
La Fiscalía indica que "sin delito y sin autor no es posible solicitar la imposición de pena alguna".
El escrito recuerda que en diciembre de 2006 entraron en la Audiencia Nacional, a través del juzgado de guardia, una serie de denuncias vinculadas a hechos criminales acaecidos en España a partir del 18 de julio de 1936 cuya investigación podría corresponder, a través de las normas de competencia, a los órganos jurisdiccionales de la Audiencia Nacional.
Reparto a Garzón
Turnadas las denuncias mediante reparto, a través del juzgado central de instrucción Decano, correspondió la investigación de las mismas al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Garzón, según recuerda el escrito, abrió diligencias previas, de lo que se dio conocimiento a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
"A partir de ese momento, el magistrado instructor comenzó la adopción de una serie de resoluciones tendentes, básicamente a la ratificación de los denunciantes y que dado su número se sucedieron a lo largo de 2007 y 2008", añade. También explica que por providencia de 16 de noviembre de 2007 Garzón solicitó un informe sobre competencia al Ministerio Fiscal, quien alegó que carecía de competencia para conocer de las denuncias presentadas.
No obstante, Garzón inició una serie de actuaciones tendentes a delimitar el número de víctimas y finalmente dictó un auto declarándose competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
También acordó una serie de resoluciones "en estricto cumplimiento de las normas procesales (averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes art. 299 Ley Enjuiciamiento Criminal)".
La Fiscalía el 21 de octubre de 2008 planteó formalmente cuestión de competencia ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, cuyo pleno resolvió que Garzón no era competente para investigar los crímenes del franquismo. Esta decisión contó con un voto particular discrepante de los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez, que el fiscal pide que se aporte como prueba documental.
Cambio de postura
Sin embargo, a pesar de que el Ministerio Público se ha eregido en fiel defensor de Garzón desde que el Alto Tribunal admitió a trámite esta primera querella por prevaricación durante los meses que duró la investigación del caso de la Memoria Histórica, el juez protagonizó una dudosa instrucción que le llevó a enfrentarse encarnizadamente con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Hasta en tres ocasiones el Ministerio Fiscal le advirtió al juez estrella que carecía de competencia para instruir esta causa.
En uno de los escritos de la Fiscalía de la Audiencia, Zaragoza subrayaba que el superjuez había construido “un singular andamiaje jurídico consistente en vincular aquellos delitos, mediante una laxa interpretación de las normas de conexión, con un delito contra los Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno – hoy inexistente en el Código penal vigente- cuando es público y notorio que los posibles responsables de ese delito de rebelión han fallecido, y que en todo caso dada su condición y su responsabilidad la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de los mismos correspondería al Tribunal Supremo”.
Además, el Ministerio Público sostuvo que “en síntesis, puede afirmarse que la pretensión de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución, particularmente proscrita por la doctrina constitucional”.
Sin embargo, para la Fiscalía estos hechos ahora no constituyen delito y en modo alguno de prevaricación y "sin infracción criminal no es posible plantearse autoría alguna en los términos del artículo 28 del Código Penal".