Decir que el Tribunal Supremo, última instancia judicial española, se constituye en "instrumento de la actual expresión del fascismo español" no es delito. Afirmar ante una multitud de personas en el auditorio Ramón y Cajal de la Universidad Complutense de Madrid que la Administración de Justicia ha sido "cómplice hasta el último día de las torturas infligidas por la brigada político social de las cuales muchos de los que están aquí han sido víctimas" tampoco lo es. Al menos no lo es para el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, encargado de investigar el chivatazo a ETA.
Esta idea se desprende del escrito que la Fiscalía ha hecho público este miércoles solicitando el archivo de la causa abierta al ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo por sus insultos al Alto Tribunal, tras anunciar éste que sentaría en el banquillo de los acusados al juez Baltasar Garzón por declararse competente para abrir una causa general al franquismo en octubre de 2008. El exfiscal fue denunciado ante el TS por un delito de injurias y calumnias por el sindicato Manos Limpias y un particular.
Sin embargo, el pasado 16 de diciembre el Alto Tribunal señaló que era competencia de la Audiencia Nacional investigar los hechos. Casualidades de la vida, y según correspondió aplicando las normas de reparto de dicho tribunal, el juzgado encargado de hacerlo es el de instrucción Número 5 que actualmente dirige Pablo Ruz, pero cuya titularidad corresponde a Baltasar Garzón.
El escrito remitido este miércoles por la Fiscalía al juez Ruz destaca que las expresiones proferidas por Jiménez Villarejo "no son ultrajantes ni aparecen como objetivamente injuriosas de forma clara e inequívoca".
El fiscal Bautista añade que el discurso de Jiménez Villarejo durante el acto celebrado en la Universidad Complutense está amparado por la libertad de expresión y "hasta podrían parecer pertinentes en el discutible discurso intelectual" del ex fiscal que comparó la inactividad de la Justicia durante el régimen de Franco con la "anómala" actividad del poder judicial en la causa seguida contra Garzón.
Para el Ministerio Público "parece desmedida y ajena al derecho penal" la pretensión de proteger el honor in genere del Cuerpo de Jueces y fiscales por hechos cometidos durante la Dictadura. Además, el fiscal Bautista justifica los insultos de Villarejo señalando que "en ningún momento se dice que sea el Tribunal Supremo, su actual Sala Segunda, la que comete actos de encubrimiento de unas torturas sufridas por personas concretas y determinadas sino que el denunciado se refiere a las personas componentes de la carrera judicial y fiscal que ejercieron sus cargos antes del año 1975" por lo que debe entenderse como "autocrítica" ya que por aquel entonces Carlos Jiménez Villarejo ya era miembro de la Carrera Fiscal.
Asimismo, Bautista entiende que las expresiones proferidas "deben enmarcarse en lo que es una crítica a las decisiones de los poderes públicos" ya que el enjuiciamiento de Garzón provocó una "intensa polémica" y un "intenso debate jurídico o extrajurídico".
Por estos motivos, la Fiscalía interesa el archivo de la causa al no apreciar delito dando preferencia a la libertad de expresión. La última palabra la tiene ahora el juez Ruz que deberá proceder a su sobreseimiento de la causa o, por el contrario, a investigar los hechos.