(Libertad Digital) El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha señalado que no ve un "cambio de filosofía" en la decisión de la fiscalía del Tribunal Supremo de pedir una rebaja de penas para la mayoría de los condenados por la Audiencia Nacional por el caso Ekin, el entorno de la banda terrorista ETA, sino que considera que se trata de un "hecho puntual".
"No creo que haya ningún cambio de filosofía, es un hecho puntual en relación con el caso Ekin en que el Tribunal Supremo, que es quien tiene la última palabra, será quien la pronuncie", dijo Bermejo a la entrada de la reunión de ministros de Justicia de la Unión Europea. "La fiscalía del Supremo habrá hecho una valoración en la que yo obviamente no voy a entrar, ni en la de antes en la Audiencia Nacional ni en la de ahora en el Supremo. Que los tribunales cumplan su función, que para eso están, y los demás a respetar lo que hagan", resaltó.
Reducción de 33 condenas
La Fiscalía del Tribunal Supremo plantea rebajar las penas de 33 de los 47 condenados por el caso Ekin, que juzgó al llamado entorno de la banda terrorista ETA. Según publica el diario El País, la Fiscalía apoyará parcialmente los recursos de casación de más de una treintena de los condenados por la Audiencia Nacional hace ya un año.
El motivo, que lleva al Ministerio Fiscal del Supremo a plantear rebajas de entre un 20 y un 30 por ciento de las penas impuestas por la Audiencia -en un caso que instruyó el juez Baltasar Garzón-, es constatar que se “exasperó” la pena por delito de integración o colaboración con ETA, llevándolas al límite para esos delitos.
Caso Ekin: penas al entorno de ETA
En el macrojuicio de Ekin se sentaron en el banquillo 52 acusados, entre ellos notables dirigentes del a ilegalizada Batasuna, brazo político de ETA tal y como la calificó el Alto Tribunal. Fue el primer juicio en el que se sentenció a responsables de la red de financiación del a banda terrorista, de sus relaciones internacionales y medios de comunicación de ETA.
Ahora, el fiscal pide reducciones de tres años de pena para 12 de los condenados y de dos años para otros 21. Las penas más elevadas a imponer por integración en ETA quedarían en 11 años, excepto para dos de los acusados, Xavier Alegria y Txema Matanzas, que no se reducirían y, por tanto, serían 14 años de condena.
La reducción de las penas que apoya la Fiscalía del Supremo se basa en el principio de proporcionalidad de la pena, que lleva al fiscal a considerar más adecuadas condenas de dos y tres años menos para 33 de los condenados, en un ahorquilla de entre 8 y 11 años.