(Libertad Digital) El pasado martes El País publicaba una noticia en la que se daban todos los detalles de los “exámenes” a los que se sometieron los candidatos para hacerse con la plaza de Audiencia Nacional (finalmente designada al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Juanes) ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dicha información, iba acompañada con los vídeos de las comparecencias de los jueces, filtrados desde el propio Consejo.
Cuando algunos vocales vieron tal información pidieron al presidente de este órgano, Carlos Dívar, que abriese un "expediente gubernativo interno" que resolviese quien había filtrado tal información secreta. Si se da con el autor que ha divulgado estos vídeos, la muestra de amiguismo con el diario de Prisa podría acarrearle consecuencias legales a quien hizo la filtración.
Este jueves los 21 vocales que componen este órgano reunidos en Pleno acordaron por unanimidad una declaración institucional en la que se “reprueba enérgicamente la salida no autorizada de sus archivos de la grabación de las entrevistas con algunos de los candidatos a la Presidencia de la Audiencia Nacional”.
Según el gobierno de los jueces “tal proceder atenta contra el normal desarrollo del procedimiento de selección” y además supone una “falta de respeto contra los participantes que acudieron a la entrevista”. Desde el CGPJ se explica que la razón por la que los candidatos fueron grabados era para “asegurar la transparencia y objetividad del sistema de selección de los más importantes cargos judiciales”.
Además, el Consejo insiste en su compromiso abrir una investigación interna “con todo rigor” con la intención de “adoptar las medidas que eviten la repetición de hechos similares en el futuro”.