El mismo día en que el Tribunal Supremo ha vuelto a admitir una nueva querella contra el juez Baltasar Garzón por prevaricación, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer una multa de 300 euros a Garzón al estimar que incurrió en una falta leve en relación con la excarcelación de dos presuntos narcotraficantes turcos, uno de los cuales aprovechó esta circunstancia para huir. Este asunto ha tenido que ser resuelto por el órgano de Gobierno de los jueces después de que el pasado día 8 la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional le devolviera este expediente, cuya resolución fue encargada inicialmente a la Audiencia Nacional al calificarse inicialmente los hechos de leves.
No obstante, la Audiencia Nacional consideró que la fuga de uno de los presuntos narcotraficantes -que no se había producido cuando el CGPJ le remitió esta cuestión- supone una novedad que podría elevar la responsabilidad del juez al respecto. Por ello, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que no tiene competencia para decidir sobre faltas graves o muy graves, consideró que las consecuencias de la decisión de Garzón deberían volver a ser analizadas por el CGPJ, y le devolvió el expediente.
Sin embargo, el Consejo no entiende que el "error de carpetilla" del instructor de la Audiencia Nacional, tal y como él mismo calificó el fallo que permitió la excarcelación de los narcos, deba ser sancionado con un falta grave tal y como dejó entrever el propio tribunal en el que trabaja Garzón al elevar el asunto al órgano de gobierno de los jueces.
Actualmente, uno de los presuntos narcotraficantes puestos en libertad en julio pasado por error se encuentra en busca y captura por orden de la Sala de lo Penal desde el pasado 24 de febrero, si bien la causa corresponde a la Sección Tercera y no al juez instructor desde octubre pasado.
El voto de calidad del presidente, clave en la decisión
Según establece la LOPJ, la falta leve es de incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución, cuya sanción podía ir desde una advertencia hasta una multa de un máximo de 300 euros.
Para adoptar esta decisión ha sido clave el voto de calidad del presidente de la comisión disciplinaria, Pío Aguirre, quien ha propuesto la referida multa por una falta leve, al igual que el vocal Miguel Carmona. El vocal José Manuel Gómez Benítez, se ha abstenido de este asunto al haber ejercido como abogado de Garzón y ha sido sustituido por la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.
Por su parte, Bravo, ha propuesto el archivo de este asunto, al igual que la vocal Margarita Uría, mientras que la magistrada Gemma Gallego consideraba que los hechos constituían una falta muy grave.
Se da la circunstancia de que Pío Aguirre, presidente de la Comisión Disciplinaria, natural de Jaén como Garzón, es amigo íntimo del juez, una relación mucho menos conocida de cara a la opinión pública que la que une al instructor con Gómez Benítez y a pesar de la cual el vocal jienense no se aparta de los asuntos que competen a su colega. Un ejemplo de la relación que los une es que el pasado mes de marzo cuando Garzón acudió a la sede del Consejo a defender su candidatura para presidente de la Audiencia Nacional, lo primero que hizo fue ir a ver a su amigo el vocal Pío Aguirre.
Único responsable de la fuga
El expediente contra Garzón fue incoado a principios del pasado mes de octubre a raíz de la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias contra el magistrado tras conocerse por la prensa la puesta en libertad de los dos presuntos 'narcos'. Poco después, el magistrado asumía que, en cuanto a titular del Juzgado, él era el único responsable de la situación de los presos preventivos. Igualmente, argumentó que desde la Fiscalía "en ningún momento se advirtió o se avisó del agotamiento del plazo" y que las fechas en las que se produjo este error su Juzgado controlaba un total de 270 presos preventivos, todos "en plazo y debidamente controlados".
En definitiva, la falta de Garzón consistió en un retraso a la hora de solicitar la prórroga de la prisión preventiva de los delincuentes, mismo error que apartó a su colega el magistrado Guillermo Ruiz de Polanco de la Judicatura.
El día 8 de septiembre de 2004, el CGPJ sancionó a Ruiz Polanco con un año de suspensión de funciones por falta muy grave de desatención y retrasos injustificados en sus competencias, que originaron la excarcelación del proetarra Ibai Ayensa. Así, en el expediente abierto al magistrado se relataba que los proetarras Ibai y Miguel Javier Ayensa, Francisco Ruiz y Arturo Fernández debían haber comparecido en el Juzgado el 19 de febrero de ese año para que se decidiera sobre la prórroga de su prisión preventiva, pero que la diligencia se suspendió hasta el 23 de ese mes porque el juez estaba de viaje.
El retraso de cuatro días motivó que se obligara a computar la prisión preventiva desde la fecha de la detención y no desde la de ingreso en prisión por lo que se tuvo que decretar la puesta en libertad de los cuatro imputados, de los cuales tan sólo Ibai Ayensa quedó materialmente en libertad, ya que los demás permanecieron en prisión por otras causas seguidas contra ellos.
Viaje a Perú
Por otra parte, la Comisión Disciplinaria también ha decidido archivar la investigación abierta al instructor a raíz de una queja de los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón -que impulsaron la querella contra este magistrado por cobrar durante su estancia por estudios en Nueva York-. En esta ocasión, los letrados denunciaron al juez por utilizar datos no correctos a la hora de pedir un permiso para viajar a Perú en 2007.
La denuncia reflejaba que Garzón pidió el permiso para acudir a Lima con ocasión del II Encuentro sobre Financiamiento del Terrorismo entre los días 8 y 14 de agosto de 2007. No obstante, "el juez aprovechó para desplazarse al Amazonas donde estuvo pescando pirañas en el río Napo", según publicó un diario al que aludían los letrados.
La decisión se ha acordado después de que el juez justificara que el permiso fue utilizado para acudir a dos eventos diferentes, y que fue durante el fin de semana que quedó en medio el que aprovechó para conocer el Amazonas. Los denunciantes consideraban que el juez mintió al señalar al CGPJ las fechas, ya que, dicen, el encuentro tuvo lugar en Lima entre el 6 y el 9 de agosto.