LD (Ángela Martialay) La huelga de jueces sombrea cada día con más fuerza en el horizonte y el desconcierto en torno a la misma también. Si éstos cumplen con sus amenazas y recurren a un paro “histórico”, ¿si fijarán unos servicios mínimos? ¿quién los debe establecer? ¿pagarán los platos rotos los ciudadanos? ¿se sancionará a los jueces que vayan a la huelga?
Para abordar esta cuestiones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto celebrar un pleno extraordinario, que previsiblemente tendrá lugar el próximo jueves, o a más tardar el lunes, para estudiar si los jueces tienen derecho o no a hacer huelga y, en caso positivo, decidir qué organismo debería ser el encargado de establecer los servicios mínimos.
De esta forma el Consejo responde a sendos escritos remitidos por las asambleas de jueces celebradas el pasado día 21 en Tarragona y Las Palmas de Gran Canaria, en donde los asistentes decidieron respaldar un paro el próximo 18 de febrero. En estos escritos se pregunta al Consejo cuáles deben ser los servicios mínimos a cumplir, al considerarse que debe ser el CGPJ el encargado de fijar estos criterios. En caso de que el gobierno de los jueces, decida que los jueces no tienen derecho a la huelga, tal y como se sostiene desde el Gobierno, es tarea del Consejo establecer las sanciones de los jueces.
División entre las asociaciones
Si bien las cuatro asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FdV) y Foro Judicial Independiente (FJI), han calificado esta tarde la reunión como “positiva”, la división en el seno de parte de la Carrera Judicial asociada está ahora más latente que nunca. La razón es que no ha sentado nada bien que dos de dichas asociaciones hayan roto “sin aparente motivo” el acuerdo firmado el pasado 12 de enero en el que se reivindicaba de forma conjunta las reivindicaciones de la Carrera Judicial y se anunciaba una huelga para el día 26 de junio.
Tanto FdV como el FJI decidieron el sábado recurrir a la huelga el día 18 de febrero. Se trata de la segunda asociación más fuerte por número de afiliados, la Francisco de Vitoria (FdV), y la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI), que rompieron de este modo con la coordinadora interasociativa que mantenía las negociaciones con el Ministerio.
En palabras del representante de la mayoritaria APM, José López, “alguien se ha apartado sin consultarlo del acuerdo común y sin que exista una causa que lo justifique”. En contraposición, el portavoz de la FdV, Marcelino Sesmero ha justificado la decisión de adelantar la huelga en la “falta de voluntad del Gobierno para solucionar los problemas de la Judicatura”. "Si no hay voluntad, para que vamos a esperar", ha subrayado el juez de Instrucción.
“Si nos prohíbe el derecho a huelga iremos al TC”
Por otro lado, las asociaciones pro-huelga han contestado hoy al ministro, Mariano Fernández Bermejo, que la posibilidad de prohibir por Ley las huelgas de jueces "es un acto desvergonzado" y manifestaron su opinión de que una posible intervención en ese sentido no llegaría a tiempo para frenar el paro previsto para el día 18, ya que no tendría efecto retroactivo.
Según ha declarado el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo “si el Parlamento prohíbe la huelga iremos al Constitucional", quien coincidió con Sesmero en que no dará tiempo una prohibición por ley antes de la huelga del 18.