Las últimas memorias anuales del Tribunal Supremo reflejan cómo sus Salas de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo cuentan con una carga de trabajo muy superior a la que asimila actualmente la última instancia española.
Con la intención de reducir esta saturación de asuntos y para conseguir que el Alto Tribunal pueda ejercer una mayor dedicación a la unificación de doctrina jurídica, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves el Anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal.
Se trata de reducir el número de casos que llegan al TS ampliando la cuantía prevista en la Ley para poder recurrir ante este órgano. En concreto, en el documento aprobado en la sesión plenaria que ha tenido lugar este jueves en el órgano de gobierno de los jueces se quintuplica la cantidad de dinero necesaria prevista en la legislación civil y contencioso administrativo para poder recurrir en casación ante el Alto Tribunal.
De los 150.000 euros que exige en estos momento la Ley para llevar un pleito al Supremo se pasará a los 800.000 euros si finalmente el Parlamento da luz verde a este proyecto legislativo. El objetivo según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, es "mejorar la respuesta de los juzgados, racionalizar las materias de que conocen los órdenes civil y contencioso-administrativo y descargar de asuntos al Tribunal Supremo".
Asimismo, Bravo ha subrayado que la mencionada Ley es "trascendente para el proceso de modernización de la Justicia". Según ha explicado fuentes del Consejo, la batería de medidas aprobadas están encaminadas a optimizar los procedimientos y a suprimir trámites procesales innecesarios o sustituirlos por otros más breves, sin merma de las garantías. El peligro que esconde esta reforma es la posibilidad de limitar el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos.
Por otro lado, desde el CGPJ se ha instado a los grupos parlamentarios a alcanzar un pacto de Estado que permita que las reformas legales imprescindibles para agilizar la Administración de Justicia estén aprobadas, si es posible, antes del próximo verano.