"En la Confederación Española de Policía apoyamos la convocatoria de huelga general en el sector público en la que los policías no participaremos por tenerlo prohibido", dice el sindicato a través de una nota en la que se pide que "mientras tanto, y hasta nuevo aviso, se impone un trabajo policial que defienda a todos los ciudadanos que se encuentren en peligro y que aplique el mismo celo de siempre en las áreas más sensibles (terrorismo o crimen organizado, por ejemplo)". "En todos los demás ámbitos de nuestra competencia, trabajaremos lo justo, lo reglamentario", zanja la CEP.
A su juicio, "esta medida, que consiste única y exclusivamente en cumplir a rajatabla y con apego escrupuloso a la legalidad los trámites policiales en cualquiera de las plantillas, pretende trasladar a la sociedad el hartazgo del colectivo ante una decisión injusta, improvisada, ofensiva y que quiebra de forma radical las promesas de este Gobierno en materia de derechos sociales y seguridad pública".
Según recuerda la CEP, el trabajo a reglamento es una medida que ya aplicaron durante el conflicto colectivo vivido con el Ministerio del Interior en 2008 y considera que "es la única medida que puede adoptar en el Cuerpo Nacional de Policía para mostrar su condena y rechazo a un tijeretazo retributivo que es el enésimo insulto de esta Administración al colectivo".
En este sentido, la nota critica que "el presidente del Gobierno ha optado por castigar a la sociedad española con menos policías en las calles, recortando un 88 por ciento la oferta de empleo público". "También ha preferido incumplir reiteradas promesas de equiparación salarial del Cuerpo Nacional de Policía con otras Policías autonómicas o locales y ahora, en otro buen ejemplo de cómo decir una cosa y hacer la contraria, aplica la tijera presupuestaria a unos policías que ya no saben cómo llegar a fin de mes, en muchos casos, o que jamás conocerán en qué consiste la conciliación de la vida profesional con la personal", añade.
Así, reprochan al presidente del Gobierno haberse "aprovechado de la Policía durante seis años para sacarse fotos de marcado carácter político, a cuenta de los éxitos en la lucha antiterrorista, el crimen organizado o la seguridad ciudadana" y ahora darles la espalda cuando "toca proteger un derecho social básico".