LD (Ángela Martialay) El cúmulo de errores en el caso "Mari Luz" es tan reiterado que ha conseguido deteriorar aún más la mala imagen que los ciudadanos ya tienen de la Justicia. Sin embargo, a pesar de que parecen que los culpables de que el presunto asesino Santiago del Valle permaneciese en libertad dos años más de lo debido son sólo dos (el juez Tirado y la secretaria judicial del juzgado Número 1 de la Penal de Sevilla, Juana Gálvez), no se puede exonerar a la Junta de Andalucía, responsable en gran medida del colapso de los juzgados andaluces, en este caso.
A continuación, se explica la cadena de fallos que desembocaron en la muerte de la pequeña niña de Huelva presuntamente en manos del pederasta Santiago del Valle, y quienes son los responsables de esta trágica actuación judicial.
Los errores del juez Rafael Tirado Márquez
El juez Rafael Tirado mantuvo en libertad al presunto autor de la muerte de Mari Luz, el pedófilo Santiago del Valle. Sin embargo, a pesar de los continuos errores cometidos por los funcionarios del juzgado que Tirado encabeza, recae sobre la figura del juez la obligación profesional de impulsar y controlar la realización de los actos procesales. Entre sus deberes se encuentra la supervisión y control de estado de la ejecución de la sentencia. Según la Ley de Enjuiciamiento criminal, entre los deberes del juez está el “adoptar las medidas para que el condenado ingrese en el establecimiento penal”.
En esta línea, un informe emitido por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial a raíz del caso "Mari Luz" sostiene que “la pasividad del Magistrado-Juez titular, la dejación de funciones y la ausencia de control de la actividad desarrollada por los funcionarios del Juzgado, puede concluirse que pudo incurrir en conducta susceptible de reproche disciplinario”.
Por su parte, Tirado ha declarado que siempre que la causa estuvo bajo su control se tramitó con celeridad, aunque lamentó que la funcionaria encargada de hacerlo estuvo cinco meses de baja sin sustitución.
La incompetencia de la secretaria judicial Juana Gálvez
Si Tirado es el responsable de controlar que la sentencia se cumpla, Juana Gálvez, como secretaria judicial, era la encargada directa de que se “ejecute lo juzgado”. A Gálvez se le ha acusado de dar órdenes que no le correspondían, olvidar notificar resoluciones y, por ende, ralentizar el proceso que debería haber desembocado con el ingreso de Del Valle en prisión.
El primer error fue no notificar a la procuradora la obligación del presunto asesino y su mujer comparecer para comunicarles el ingreso en la cárcel y en un centro psiquiátrico, respectivamente. Tampoco notificó de forma correcta la segunda citación a las condenados que ordenó Tirado. La envió a un procurador, pero no lo hizo al fiscal y tardó 18 meses en ordenar la detención de Del Valle.
La responsabilidad de la Junta de Andalucía
Es competencia del Gobierno andaluz designar a la persona que debía ocupar la plaza que la secretaria judicial dejó vacante tras su baja. Sin embargo, dicho puesto estuvo cinco meses sin sustituto alguno. Según ha declarado el CGPJ, en la plantilla del Juzgado de lo Penal Número 1, donde era titular Tirado, “la funcionaria que llevaba el asunto (que tenia alrededor de 245 en trámite, más reaperturas e incoaciones nuevas) se dio de baja sin que se cubriera la misma, así como tampoco se cubrió cuando cesó", a pesar de solicitarse en ambos casos a la Junta de Andalucía que lo hiciese.
Además, el Consejo señala que “el volumen de ejecutorias es excesivo en dicho juzgado (600), aunque próximo a la media de los Juzgados de lo Penal de Sevilla (543), que ya manifestaron en diversas ocasiones tal situación en Junta de Jueces Sectorial”. Por último, el CGPJ denuncia la Sección de Ejecutorias está formado por sólo 3 funcionarios, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los Juzgados de lo Penal, que suele estar formada por 4.
No obstante, la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, ha afirmado que no hubo "ninguna incidencia" por parte del funcionariado en cuanto a altas, bajas e interinidades en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, a pesar de que la plaza de la secretaria estuvo cinco meses sin funcionario que la ocupase. Desde esta Consejería se ha declinado hacer declaracioó alguna a Libertad Digital.