El escrito agrega que el magistrado podría haber incurrido en dos ilícitos penales al retrasar la instrucción de forma "maliciosa". El sindicato explica en su denuncia que el chivatazo en el bar El Faisán de Irún se produjo el 4 de mayo de 2006, coincidiendo con la estancia de Garzón en Estados Unidos, donde disfrutaba de un permiso de estudios.
El magistrado se incorporó a su Juzgado en septiembre de 2006 y se hizo cargo del sumario sobre el aparato de extorsión de ETA que instruía hasta el momento su sustituto, Fernando Grande Marlaska.
En este sentido, añade la denuncia que el juez "rechazó la personación de Manos Limpias en la causa con objeto de que no pudiera ser conocedor de toda la trama policial y política del referido caso" y destaca que desde septiembre de 2006, hasta la petición de archivo del caso realizada por de la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, el expediente permaneció "congelado, bloqueado y paralizado". "El expediente está más de tres años aparcado", recalca el escrito.
Según defiende el sindicato, el magistrado incurrió en un retardo injustificado en la resolución de un expediente y cometió por tanto una falta disciplinaria grave. Además descarta que el juez podría haber cometido también "un ilícito penal de encubrimiento y contra la administración de Justicia" al retardar la investigación "de forma maliciosa" para conseguir "cualquier finalidad ilegítima".
El escrito menciona además la investigación puesta en marcha por el Tribunal Supremo contra el magistrado por delitos de prevaricación y cohecho en relación con los presuntos pagos que pudo recibir el juez durante su estancia en Nueva York. Manos Limpias asegura que Garzón "presuntamente utiliza el expediente del 'chivatazo' como moneda de cambio en el proceso que la Sala Segunda del alto tribunal".
"Otro presunto delito es el de encubrir a los responsables policiales y políticos del denominado caso 'chivatazo' al ser conocedor de toda la trama y no haber actuado todavía al respecto", agrega el escrito. Por ello, pide al CGPJ que inicie expediente sancionador contra el juez y que informe a la Fiscalía de la posible comisión de los dos ilícitos penales mencionados.