Sr. Presidente,
Señorías,
Celebramos esta comparecencia pocos días después del quinto aniversario de los terribles atentados terroristas del 11 de septiembre. Unos atentados que nos enfrentaron al desafío de hacer frente al terrorismo internacional de origen islámico y que, desgraciadamente, fueron seguidos por otros ataques en Madrid, Londres y otros lugares del mundo, causando miles de victimas inocentes.
En homenaje a su memoria y en el objetivo compartido de la lucha contra el terrorismo internacional desde el respeto estricto de los valores que compartimos en la Unión Europea, es para mí una gran satisfacción poder comparecer hoy ante esta Comisión temporal del Parlamento Europeo y colaborar en la investigación que están realizando.
Porque para mi Gobierno lo importante es aclarar si en los Estados miembros de la Unión Europea se han producido violaciones del derecho internacional, tanto por lo que respecta a la Convención de Ginebra como al respeto de los derechos humanos, que son un patrimonio irrenunciable de nuestro acerbo comunitario y al que estamos obligados legalmente además por nuestra pertenencia al Consejo de Europa.
En mi exposición trasladaré a Sus Señorías la información de que dispone el Gobierno español hasta la fecha en torno a las alegaciones de posible utilización del territorio español para el transporte y la detención ilegal de presos por parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Asimismo detallaré las distintas actuaciones emprendidas, tanto en el ámbito judicial como en el gubernamental y administrativo, para clarificar si se ha producido o no una violación de la legalidad vigente en territorio español.
Con ocasión de varias comparecencias en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el Presidente del Gobierno español ha establecido el marco en el que se produce la actuación del Gobierno en esta materia:
En primer lugar, la convicción, de acuerdo con toda la información de que dispone hasta la fecha el Gobierno español de que desde su toma de posesión no se ha producido violación de la legalidad en territorio español en relación con los supuestos vuelos de la CIA. El actual Gobierno no ha conocido ni ha autorizado en ningún momento operaciones que impliquen violación de la legalidad vigente.
En segundo lugar, la disposición del Gobierno a prestar el máximo apoyo a las investigaciones judiciales para el esclarecimiento de los hechos, tanto en España como en el ámbito internacional. Así como reiterar las gestiones políticas ya iniciadas ante las autoridades estadounidenses para ser informados sobre las mencionadas escalas.
Y en tercer lugar, la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos como único marco para la lucha contra el terrorismo, que es considerado un objetivo prioritario del Gobierno.
Los duros años de lucha contra el terrorismo en nuestro país nos han enseñado valiosas lecciones. Y una de las más importantes es que el terrorismo sólo se puede vencer desde el más escrupuloso respeto de la legalidad y los derechos humanos, dentro del marco estricto del Estado de Derecho. Porque la mayor victoria de los terroristas se produce cuando la democracia y la libertad, los derechos y las libertades irrenunciables de los ciudadanos, son sacrificados.
Una vez afirmados los principios que rigen la prevención y la lucha contra el terrorismo internacional del Gobierno español, y con el compromiso de transparencia asumido, permítanme Señorías pasar al relato de las actuaciones llevadas a cabo en España en relación con este asunto.
Quiero comenzar señalando que el Gobierno español comparte plenamente el interés de esta Comisión temporal del Parlamento Europeo por llegar al fondo de este asunto. Esta es precisamente la razón que explica mi comparecencia hoy ante esta Comisión, que es la primera comparecencia de un Ministro de un Estado miembro.
Esa misma voluntad de esclarecimiento y de máxima transparencia es la que ha guiado al Gobierno al prestar su plena colaboración en la investigación que está realizando el Consejo de Europa. En este ámbito, el Gobierno español ha remitido dos informes en los que, en respuesta a la solicitud del Consejo de Europa, detalla por un lado los límites legales para la privación de libertad en nuestro país, y, por otro lado, el control de los agentes extranjeros cuando operan en nuestro país. Quisiera señalar en este punto que la ley española es taxativa al exigir el respeto a la legalidad en materia de derechos fundamentales y libertades recogidas en nuestra Constitución. El control de las actuaciones de los servicios de inteligencia extranjeros, de acuerdo con nuestra legislación, se produce a instancia judicial o fiscal, y por el Centro Nacional de Inteligencia español (en siglas, CNI).
Recientemente se ha producido la comparecencia –a petición propia– del Director del Centro Nacional de Inteligencia ante el Parlamento español. Por la propia Ley de constitución del Centro Nacional de Inteligencia español, su Director sólo puede comparecer para dar cuenta de sus actividades ante la Comisión del Parlamento español que controla los créditos destinados gastos reservados, comúnmente conocida como Comisión de secretos oficiales. La comparecencia del Director del CNI ante esta Comisión se produjo el pasado mes de julio, y aunque su exposición –por la propia naturaleza de la Comisión– tenía carácter "secreto", se puede hacer público, a modo de resumen, que el CNI no había encontrado ni pruebas ni indicios de delito en las escalas de vuelos supuestamente de la CIA en territorio español. En las comunicaciones habituales en la cooperación en la lucha contra el terrorismo internacional, las autoridades de Estados Unidos no han informado a las autoridades españolas de escalas españolas de estos vuelos que sirvieran para el traslado de presos acusados de terrorismo.
Esta comparecencia del Director del CNI se sumó a otras comparecencias anteriores en sede parlamentaria por parte del Gobierno. Yo mismo, como Ministro de Asuntos Exteriores y en nombre del Gobierno, comparecí ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ya en noviembre del año pasado, y se que disponen ustedes del contenido de la misma. El Presidente del Gobierno, en respuestas a diversas preguntas orales, ha respondido en el Pleno de la Cámara sobre esta cuestión en sesiones celebradas en octubre y noviembre de 2005 y en junio de este mismo año. Asimismo, el Secretario de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, tiene previsto comparecer en fechas próximas en la Comisión de Interior para tratar sobre este mismo asunto.
Señorías,
Las diversas comparecencias en sede parlamentaria de miembros del Gobierno, y la colaboración con el Consejo de Europa y esta misma Comisión Temporal del Parlamento Europeo, han ido acompañadas de actuaciones en nuestro país encaminadas a fortalecer la investigación de los vuelos realizados y el control de nuevos vuelos que pudieran ser sospechosos.
Por un lado, el Gobierno ha mostrado su plena disposición a colaborar con las distintas instancias judiciales que han abierto causas sobre estos asuntos, remitiendo a las mismas toda la información disponible. Y apoya a la Audiencia Nacional, órgano central con jurisdicción en el conjunto del Estado, que finalmente ha asumido la competencia sobre el asunto de las escalas de los vuelos de la CIA en nuestro territorio. En todo caso, quisiera señalar que la asunción de competencia de la Audiencia Nacional, según establece el propio Auto de la Audiencia, se produce no sobre la base de indicios cometidos en territorio español sino sobre la base de que la jurisdicción española es también competente para conocer de los delitos de persecución universal cometidos fuera de España.
Asimismo, tras la intervención que tuve ante el Parlamento español en noviembre de 2005, di traslado a la Fiscalía General del Estado de toda la documentación que obraba en poder del Gobierno sobre esta cuestión, tras lo cual la propia Fiscalía, inició la correspondiente investigación.
Al mismo tiempo, por lo que se refiere a las conversaciones entre autoridades estadounidenses y españolas, se han mantenido reuniones con el Encargado de Negocios y con el propio Embajador de los EE UU en Madrid. Tras realizar las consultas oportunas con sus autoridades, manifestaron que no se tenía constancia de que a bordo de los aviones en escala en aeropuertos españoles hubiese ningún pasajero clandestino ni en situación ilegal. Ni que se hubiera producido ninguna actividad ilegal durante estas escalas. Igualmente, en una reciente visita realizada a Madrid por el Secretario de Estado Adjunto para Europa, Sr. Fried, declaró al respecto que en ningún caso se había infringido la ley española y que no había habido ningún preso a bordo de los aviones que habían hecho escala en territorio español. Esta cuestión, como Sus Señorías saben ha sido objeto de tratamiento multilateral de la Unión Europea con las autoridades estadounidenses.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha adoptado la decisión de reforzar los controles de aeronaves civiles que sobrevuelen o hagan escala en territorio español, a fin de establecer con la máxima garantía el carácter exclusivamente civil de los mismos, y en su caso establecer mecanismos de verificación más exhaustivos respecto al interior de las aeronaves.
Señorías,
Quiero agradecer de manera expresa la labor realizada tanto por el Consejo de Europa como por esta Comisión temporal del Parlamento Europeo para el esclarecimiento de la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos. Es mucho lo que está en juego, y el Gobierno español quiere estar en primera línea en la defensa de los derechos humanos y respeto al Estado de derecho.
A diferencia de otros países europeos, en los que las denuncias y los distintos informes tratan sobre detenciones ilegales realizadas en el territorio de esos países, en España las denuncias y los informes se refieren al uso de nuestro espacio aéreo, o de nuestros aeropuertos, al solo fin de servir de tránsito. Es decir, que se podría haber utilizado nuestro territorio no para la comisión de delitos en él, sino como escala para la comisión de delitos en el territorio de otros países. Esta es también la conclusión de la investigación del Consejo de Europa y la que podemos obtener del informe de esta Comisión temporal y del minucioso estudio elaborado por su relator, el Sr. Fava, al que agradecemos su dedicación para la elaboración del informe.
En la contribución del relator se menciona a España hasta en 128 ocasiones. Sin embargo, tras un estudio más pormenorizado de los itinerarios de los vuelos y de los lugares de destino y origen, se podría decir que el número de vuelos que en realidad hacen escala en nuestro país es mucho más reducido: se trataría de 66 vuelos.
De acuerdo con la información de que dispone el Gobierno, y que se deriva, entre otras fuentes, de las investigaciones judiciales realizadas, podemos concluir que hay dos categorías de vuelos que merecen ser destacadas y son objeto de una mayor investigación.
En primer lugar, vuelos de los que no se dispone hasta el momento de suficiente información y que puede originar sospechas por el escaso tiempo de permanencia en nuestro país, así como por el origen y destino de los mismos. En esta categoría, se sitúa el vuelo cuyo itinerario completo es Guantánamo – Tenerife (donde sólo estaría 2 horas y 29 minutos, el 12 de abril de 2004) – Constanza – Bucarest – Casablanca – Rabat – Washington.
Es importante tener en cuenta que, en relación con este vuelo, las autoridades estadounidenses nos han dado garantías de que no llevaban pasajeros guante la escala.
En segundo lugar, un grupo de vuelos sobre los que podrían existir sospechas de que, antes o después de la escala realizada en territorio español, podrían haber sido utilizados en actos conectados con operaciones de detención o entrega de prisioneros. Estos vuelos están siendo investigados por la justicia española, pues aunque no hay indicios de que se haya cometido delito en territorio español, podrían haber cometido algún delito de persecución universal en el territorio de otro Estado.
Se trata de manera específica de los vuelos con los siguientes itinerarios:
Argel – Palma de Mallorca (donde llegó el 22 de enero de 2004, y desde donde partió al día siguiente, tras permanecer 20 horas) – Skopje – Bagdad – Kabul – Timisoara. Se trata de un vuelo que ha sido denunciado por la prensa, que ha denominado “caso Al Masri”, y está siendo objeto de investigación judicial en otros países de la UE. Según la información publicada, y las propias declaraciones del implicado, este vuelo podría haber detenido al ciudadano Al Masri en su escala en Skopje.
Guantánamo – Misurata (Libia) – Palma de Mallorca (donde llegó el 15 de septiembre de 2004, y desde donde partió 48 horas después) – Washington. Se trata de un vuelo que, en escalas previas a la realizada en Palma de Mallorca podría ser sospechoso de transportar detenidos.
Señorías,
Las llamadas "operaciones contra los combatientes ilegales" y la doctrina de lucha contra el terrorismo internacional en las que se basan han sido desde el primer momento objeto de un duro debate jurídico en Estados Unidos, dadas las objeciones expresadas por el Tribunal Supremo de aquel país, en defensa de la aplicación plena de la Convención de Ginebra por parte de los tribunales de Estados Unidos en el territorio federal del país.
De ahí que la Administración norteamericana recurriera a la creación de una red de centros de detención especiales como Guantánamo, Afganistán y posiblemente otros lugares donde no ejercen su competencia los tribunales ordinarios –civiles o militares-de los EEUU, como ha reconocido el Presidente Bush el pasado 5 de septiembre.
Señorías,
El Gobierno español comparte plenamente con esta Comisión temporal del Parlamento Europeo su preocupación por dilucidar las sospechas en torno a la presunta utilización de territorio europeo por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos.
Lo que hasta ahora conocemos es que, si bien diversos informes mencionan a España como plataforma para las escalas de dichos vuelos, en ningún caso concluyen que se hubieran cometido actos delictivos o ilegales en nuestro territorio. En el mismo sentido, ni en las conclusiones votadas en el Consejo de Europa, ni en las preliminares de la Comisión del Parlamento Europeo, ni en la propia contribución personal del euro diputado Fava se aportan pruebas sobre la comisión de actos irregulares o delictivos en nuestro territorio.
No obstante, las investigaciones siguen abiertas y de ellas se ha podido reducir de forma considerable el número de vuelos supuestamente sospechosos.
En todo caso, les puedo reiterar que el actual Gobierno en ningún momento conocía ni ha autorizado operaciones que impliquen violación de la legalidad en nuestro territorio, que hemos pedido formalmente en varias ocasiones explicaciones a las autoridades estadounidenses, quienes nos han asegurado que en nuestro territorio no se ha cometido ningún acto ilegal, que de todas las investigaciones realizadas hasta el momento tampoco han podido deducirse indicios de violación de la legalidad en territorio español.
El Gobierno ha apoyado y apoyará en todo momento las investigaciones judiciales, remitiendo a las mismas toda la información disponible.
Señorías,
Hace apenas una semana, se aprobaba en Naciones Unidas por consenso un plan de acción en la lucha global contra el terrorismo. La estrategia pide dar pasos en cuatro frentes: causas, intercambio de información, capacidad de los Estados y derechos humanos. En este último punto, se hace un llamamiento a los países para que adopten medidas que aseguren el respeto de los derechos humanos y una legislación internacional para la lucha antiterrorista, que de llevarse a cabo por todos los Estado firmantes hará imposible el mantenimiento de interpretaciones jurídicas como las que han sustentado los traslados ilegales de detenidos en la lucha contra el terrorismo internacional. España está fuertemente comprometida con esta forma de ver las cosas.
Quedo a su disposición para cuantas preguntas o comentarios quieran hacer. Muchas gracias.