El rostro que hoy mostraba Manuel Chaves apretando los dientes mientras escuchaba las acusaciones del PP recordaba al de Alfredo Pérez Rubalcaba, ahora convaleciente, cuando tiene que escuchar miércoles tras miércoles preguntas sobre el escándalo del Faisán. El vicepresidente, como el ministro del Interior, encuentra cada vez más dificultades para salir airoso en sus respuestas ante los escándalos en la Junta de Andalucía que, ahora sí, están encontrando hueco en la prensa nacional y que le están poniendo contra las cuerdas. Como en otras ocasiones, el vicepresidente tercero del Gobierno ha intentado echar balones fuera, con poco éxito, hablando de Camps.
Lo cierto es que a Chaves se le amontonan los escándalos sobre los que responder, todos ellos referidos a su largo mandato en Andalucía pero que han salido ahora a la luz, y su posición se debilita. El primero fue el referido a Paula Chaves. Nada más llegar al Gobierno de Zapatero, estallaba el caso Matsa: la empresa donde trabajaba como apoderada la hija del vicepresidente y entonces presidente de la Junta recibió del Gobierno andaluz diez millones de euros en incentivos. Chaves se tiró meses negando cualquier tipo de responsabilidad en la entrega de la subvención pero hace pocas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó un recurso del PP contra la decisión de la Junta de no abrir expediente a Chaves por no inhibirse en la concesión de las subvenciones.
Con este escándalo aún caliente, otro que se destapó en 2009, el de Mercasevilla, ha acabado desvelando una trama corrupta con la Junta de nuevo como protagonista. Según revelaron las declaraciones del ex director general de Empleo, el ERE de Mercasevilla no era, ni mucho menos, el único que incurría en irregularidades en Andalucía. Se descubrieron intrusos en decenas de empresas que se beneficiaron de un fondo opaco de dinero público cifrado en unos 700 millones de euros. Así, de un escándalo local se pasaba a uno regional que salpicaba tanto a Chaves como a Griñán.
El actual presidente de la Junta de Andalucía era consejero de Economía y Hacienda cuando diversos informes pusieron en duda los mecanismos para asignar ayudas a las empresas en problemas. Y parece improbable que el propio Chaves no supiera de los usos irregulares del fondo. Pero por si cabía alguna duda, existe un documento, del que ya habló LD, que prueba que Griñán firmó el traspaso de parte del dinero de las ayudas al ya conocido como "fondo de reptiles". El documento, de 2005, muestra Griñán firmó en su condición de consejero el traspaso a la agencia IDEA, mediante la cual se repartía el dinero, de 410 millones de euros de los 645 totales de que constaba el fondo. Este miércoles el PP ha puesto el documento sobre la mesa para probar que el ex presidente de la Junta y su sucesor estaban al tanto del escándalo.
Y mientras la prensa iba desgranando las identidades de los intrusos de los ERE's irregulares, otro asunto ha puesto de nuevo en el punto de mira a los más de treinta años de gestión del PSOE andaluz: un supuesto caso de fraude en la concesión de las ayudas al empleo de la UE. El escándalo, que está ahora siendo investigado por el Tribunal Superior de Andalucía, apunta a la recepción de ayudas por cursos de formación que nunca se dieron y a la contratación de personal por parte de empresas fantasma con el único fin de recibir subvenciones.
Aunque los primeros indicios de fraude se localizaron en Cádiz, se han abierto investigaciones por parte de la fiscalía en todas las provincias andaluzas ante la posibilidad de que se trate de un fraude masivo y generalizado a través de una trama organizada y que podría superar en cifras a la de los EREs fraudulentos.
A pesar de la acumulación de noticias sobre irregularidades, Chaves y Griñán, cada uno en su ámbito, sigue negando la mayor. Mientras el vicepresidente del Gobierno alega que el caso de los ERE los implicados socialistas son sólo unos pocos, su sucesor rechaza sistemáticamente la apertura de una comisión de investigación. La dimisión que reclama el PP no parece estar de momento sobre la mesa pese a la relevancia de los escándalos y a que las excusas se les estén terminando. Lo que sí se da por hecho es que la acumulación de indicios de corrupción les pasará factura, a ambos, en las urnas.