Siete meses después de que fuese remitida por el Consejo de Ministros, el proyecto de Ley orgánica de Derechos y Deberes de los militares se enfrentó este jueves a su primer escollo en el Congreso de los Diputados: el veto propuesto por UPyD. Pero tal y como estaba previsto, sólo la diputada de esta formación, Rosa Díez, apoyó la devolución del texto. Según argumentó, la norma "nace careciendo del apoyo" de los militares y, pese a que no se puede "retrasar más esta ley", no hay que "hacerla mal".
El resto de partidos políticos, que votaron en contra del veto, optaron por dar más importancia a la urgencia y necesidad que existe en legislar esta materia y permitieron que el texto llegue hasta la comisión de Defensa de la Cámara Baja. Pese a esto, no se ahorraron las críticas a un texto elaborado por el departamento de Carmen Chacón que ha causado un profundo malestar en buena parte de las Fuerzas Armadas y que fue una de las causas que sacó a los militares a protestar a la calle el pasado mes de octubre.
En la citada comisión quedará lo más difícil, consensuar y debatir el aluvión de enmiendas parciales que se presentarán al texto y que los grupos anunciaron durante su toma de posición en el hemiciclo. Es más, hasta la propia Díez, consciente de que su veto no iba a salir adelante, anunció que presentarán un buen número de enmiendas parciales.
La ministra de Defensa aprovechó su intervención para desbrozar los puntos más relevantes pero también más polémicos de su proyecto, entre los que destacó la creación del Observatorio de la vida militar, la creación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y la presencia en el mismo de las asociaciones profesionales. Eso si, volvió a dejar sin aclarar, como también hace su proyecto, cómo se decidirá la representatividad de cada asociación de militares en el Consejo, ya que está claro que no habrá elecciones en los cuarteles.
Tras volver a insistir en la necesidad de buscar un gran consenso parlamentario, Chacón mostró su esperanza en que la Ley de Derechos y Deberes pueda ser aprobada por el Congreso antes del verano de 2011.
Las intervenciones que llevaron a cabo el resto de portavoces parlamentarios para fijar la postura de voto de sus grupos fueron más o menos homogéneas, a excepción, claro está, de la del socialista Jesús Cuadrado. Y es que Gaspar Llamazares (IU-ERC-BNG), Joseba Beloki (PNV), Jordi Xuclá (CiU) y Beatriz Rodríguez-Salmones (PP) destacaron, sobre todo, la inseguridad jurídica que provoca su redacción actual y la necesidad de que el articulado actual sufra importantes modificaciones antes de su aprobación final.