(Libertad Digital) Casi un centenar de catedráticos y profesores de Derecho Procesal –en total, 97-, procedentes de Universidades de toda España han firmado un manifiesto expresando su "honda preocupación" por los "daños irreparables" que causaría, de ser abierta, la nueva oficina judicial planeada por el ministro. La misma es uno de los puntales principales del plan del Gobierno para modernizar la Justicia.
El proyecto de ley, remitido al Parlamento el pasado diciembre, reforma más de veinte leyes procesales de cara a la atribución de funciones a los secretarios judiciales que hasta ahora correspondían a los jueces, explica ABC.
Según el diario, los firmantes que advierten del proyecto (una cifra calificada de elevada, alcanzada además en menos de dos semanas) son incluso próximos al PSOE, y aseguran que no sólo no resolverá los problemas sino que los agravará, siendo además "constitucional y conceptualmente inadmisible". Piden, por tanto que el texto sea "sustituido por el resultado de una reflexión detenida" que cuente con la aportación de expertos en la materia.
ABC asegura que el proyecto del Gobierno cae en "graves errores" como la "sorprendente idea, inexplicada e injustificable, de separar y diferenciar lo jurisdiccional de lo procesal", lo cual contradice el mandato constitucional en el que sólo a los jueces les corresponde "administrar justicia". Esto convertiría al juez en un mero espectador del proceso, presente sólo para dictar al final la resolución, cuando la administración de justicia exige al juez "dirigir de principio a fin los presos de todo tipo". Además, tampoco dotaría a los juzgados y tribunales de un adecuado "sistema organizativo".
De aprobarse el proyecto en su estado actual, "gran parte de la administración de la justicia estaría a cargo de los secretarios judiciales", que son "funcionarios públicos que dependen del Ministerio de Justicia y que, salvo en el ejercicio de la fe pública judicial, desempeñan sus funciones con sujeción a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica".
El grupo, cuyo portavoz es Andrés de la Oliva, está también encabezado por otros prestigiosos catedráticos y profesores como Juan Montero Aroca (Universidad de Valencia) o Vicente Gimeno Sendra (UNED y magistrado emérito del Tribunal Constitucional).
La preocupación del grupo, según ABC, ya ha sido puesta en conocimiento del ministro, de los portavoces parlamentarios de los diferentes partidos, así como de los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso.