El próximo lunes el Tribunal Constitucional celebra una nueva sesión plenaria para deliberar sobre asuntos relativos al Estatuto de Cataluña. Según han señalado fuentes del Alto Tribunal, en el orden del día se encuentra resolver el recurso de súplica interpuesto por la Generalidad para que el magistrado Pablo Pérez Tremps, recusado en 2007, vuelva a participar en la deliberaciones sobre la norma estatutaria.
El pasado 10 de junio, el Gobierno catalán pidió al pleno del Constitucional que Pérez Tremps pudiese votar en aquellos artículos del Estatut por los que no fue recusado, siempre que el tribunal decida finalmente votar por bloques la sentencia de los recursos sobre el texto autonómico. La recusación de Pérez Tremps se basó en que -antes de ser elegido magistrado- había elaborado un informe sobre la acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de la Generalidad.
Asimismo, el Pleno tiene previsto analizar los recursos de súplica interpuestos tanto por el Gobierno como por el Parlamento catalanes contra la negativa del Alto Tribunal a declararse incompetente para dictar sentencia sobre el Estatuto. Ésta, junto con la de Pérez Tremps, son las dos últimas ofensivas lanzadas por el Ejecutivo que preside José Montilla para evitar que el máximo intérprete de la Constitución se pronuncie sobre la polémica ley autonómica antes de que comience la precampaña de las elecciones catalanas previstas para el próximo otoño.
Será la segunda vez que el TC deba responder a estos recursos en los últimos veinte días. En una primera ocasión ya lo hizo para rechazar ambas peticiones aunque, a posteriori, la Generalidad volvió a recurrir en súplica su decisión.
Una ponencia soberanista
Además, fuentes del Alto Tribunal apuntan a que el Pleno podría prolongarse a lo largo de la semana con el fin de deliberar y someter a votación el séptimo borrador de sentencia, elaborado esta vez por la presidenta María Emilia Casas. Ésta fue entregada a los magistrados en pasado miércoles y la intención de Casas es que sea el último y definitivo.
Según informa hoy el diario El Mundo, el texto de Casas -adscrita también al sector progresista de los magistrados- anula trece artículos del Estatuto y supedita a interpretación de conformidad otros veinticuatro, siendo en su conjunto bastante similar al que redactó la magistrada Elisa Pérez Vera.
La presidenta ha propuesto que se declare inconstitucional la existencia de un poder judicial catalán como última instancia, que el defensor del pueblo de Cataluña tenga carácter exclusivo o que la lengua catalana goce de preferencia en la comunidad autónoma, entre otras cuestiones. Sin embargo, la ponencia reconocería a Cataluña como una nación con símbolos propios.
Este último punto ha sido hasta ahora el escollo principal que ha atascado las negociaciones entre magistrados progresistas y conservadores y que ha impedido que se haya dictado sentencia casi cuatro años después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso del PP.
Previsiblemente, si la ponencia de Casas no adquiere un acuerdo mayoritario en su conjunto, la presidenta hará que el fallo salga adelante como producto de una votación por artículos o por bloques de artículos. Este plan B está amparado en al artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reza que “la votación, a juicio del presidente, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse”.
Una vez más una de las posiciones claves en las negociaciones será previsiblemente la del magistrado Manuel Aragón, quien, pese a su adscripción progresista, votó con los conservadores para rechazar el borrador de Pérez Vera y mantuvo una de las posiciones más críticas con los aspectos del Estatuto que afectaban a la nacionalidad y los símbolos catalanes. Casas tratará de conseguir su apoyo utilizando el novedoso sistema de votación.