La situación laboral de una de las figuras más polémicas relacionadas con el chivatazo que recibió la red de extorsión de ETA ha sufrido novedades en las últimas horas. Y es que el comisario Carlos Germán regresa a la división de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, la misma en la que se encontraba cuando tuvo que investigarse a sí mismo y a su equipo tras el soplo a los terroristas.
Según informaron fuentes policiales a Libertad Digital, el traslado sería a través de una comisión de servicios, que permite que un funcionario policial sea destinado durante un tiempo de seis meses a un determinado puesto que la administración considera de imperiosa necesidad que sea ocupado. Ese periodo temporal se prorroga de forma automática al finalizar el mismo de manera indefinada hasta que una de las partes (agente o mandos de la Policía) decida romperlo.
Germán, conocido popularmente como Carlos G., fue ascendido a comisario el pasado mes de diciembre, y destinado a la comisaría de la Policía Nacional en Chirivella (Valencia), que además de a esta localidad tiene bajo su cobertura a las vecinas Alaquas y Aldaya. Ahora, regresa a Madrid tras una decisión que compete en exclusiva al Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández-Chico Díaz.
Máximo responsable del dispositivo policial hispano-francés que debía desmantelar a buena parte de la red de extorsión de ETA, que tenía como uno de sus puntos de contacto fundamentales el bar Faisán de Irún, fue también, durante su paso posterior por Asuntos Internos, el encargado de investigar la delación a la banda terrorista que frustró la operación prevista para el 4 de mayo de 2006 , y que se tuvo que desarrollar finalmente varios días después. Es decir, le fue encomendada la misión de investigarse a sí mismo y a su anterior equipo.
El informe policial elaborado por Germán es el que apuntó directamente a la cúpula del ministerio del Interior como autora del chivatazo, y como consecuencia de él se encuentran imputados en la causa el que fuese director general de la Policía y la Guardia Civil y actual secretario de Organización del PSE, Víctor García Hidalgo; el jefe de la Policía Nacional en el País Vasco, Enrique Pamiés; y un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros.
Sin embargo, la actuación y la investigación del actual comisario se encuentra en duda desde que se conociesen muchos de los detalles que rodean las pesquisas judiciales del soplo a ETA. Entre ellos, testimonios como el del por entonces jefe inmediato de Germán, el jefe de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información, José Cabanillas, quien declaró ante el juez que Germán le pidió que se borrase la "cinta máster" en la que se había grabado a Joseba Elosúa contando a su cuñado como le habían chivado la operación contra ETA, prueba fundamental de la existencia del soplo a la banda.
Además, fue el encargado de enviar al juzgado las grabaciones de las cámaras que apuntaban al bar Faisán durante el operativo de la operación policial frustrada, unas grabaciones que se iban a negro en los supuestos momentos fundamentales de la delación, en los minutos en los que habría entrado y salido del bar el policía que entregó a Elosúa el teléfono con el que se perpetró el soplo, y que un informe de la Guardia Civil asegura que fueron manipuladas.
Debido a estos hechos, entre otros, la figura de Carlos Germán está en el ojo del huracán, y son múltiples las dudas acerca de si este agente de la Policía Nacional fue el principal encubridor del soplo a ETA o es una cabeza de turco.