El comisario José Cabanillas confesó en su declaración del pasado día 8 ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el chivatazo, Pablo Ruz, sus recelos y escasa confianza en los dos jueces que anteriormente estuvieron al frente de la instrucción del caso, Baltasar Garzón y Fernando Grande-Marlaska, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes han precisado que este mando policial, entonces jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), llegó a decir literalmente que no se fiaba de estos dos magistrados, aunque en otro momento de su declaración añadió que esa sensación también era extensible a otros jueces de ese tribunal con los que ya tuvo contacto durante la investigación del 11-M. En concreto, citó a la juez Teresa Palacios y a su compañero Juan del Olmo sobre los que tampoco guarda buen recuerdo.
José C. era la persona a la que informaba el equipo dirigido por Carlos G. en relación a la trama de extorsión en el bar Faisán de Irún y era la persona de confianza del entonces comisario general de Información Telesforo Rubio, quien tuvo una tensa relación con Grande-Marlaska hasta que el juez acabó por apartarle de la investigación. Fue el mismo día del chivatazo por la tarde cuando José C. es informado del soplo y un día después Rubio le ordena que se lo comunique a la Audiencia Nacional, según las fuentes consultadas.
Sin embargo, esa desconfianza reconocida por José C. hacia varios jueces de la Audiencia influyó para que aguardase hasta el lunes 8 de mayo de 2006 --cuatro días después del chivatazo-- para comunicarle a Grande-Marlaska la filtración y así evitar informar durante el fin de semana a otro juez de instrucción que en ese momento estuviese de guardia. Según dijo a Ruz, desconocía a qué magistrado le correspondía tal función aquella semana.
En esa misma declaración del pasado día 8, este mismo responsable policial acusó a Carlos G. --el investigador del 'chivatazo'-- de querer destruir la principal prueba de la causa, es decir, la grabación de la baliza instalada en el coche del dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, quien admitió ante su yerno haber recibido minutos antes el soplo. Al ser preguntado por qué no había comunicado esta incidencia antes, José C. argumentó que era la primera vez que declaraba ante un juez sobre este asunto, han explicado estas fuentes.
En julio de 2006, José C., entonces comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), ya había remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que recogía las reticencias de Carlos G. a la hora de llevar a cabo la operación por las consecuencias que las detenciones podrían tener sobre el proceso de negociación que en aquellos meses mantenía el Gobierno con ETA.
José C. declaró durante más de una hora y media en la que ratificó aquel informe recordando cómo el jefe del equipo conjunto de investigación le aseguró que, si se producían las detenciones, él y sus hombres --cuatro o cinco de los cuales se encontraban en las inmediaciones del bar 'Faisán-- iban a ser "crucificados".
También aseguró que Carlos G. y su equipo controlaron en todo momento tanto la baliza que se había colocado en el coche de Elosúa para registrar sus llamadas como la cámara que grabó los movimientos que se registraron en la puerta del establecimiento, y que registra varios cortes.