En rueda de prensa tras participar en un coloquio en Barcelona con responsables socialistas de Libertades Públicas de toda España, Francisco Caamaño, ministro de Justicia, sostuvo que es un error intentar establecer una relación entre agenda política y judicial, y defendió que el Tribunal Constitucional adopta sus decisiones "cuando alcanzan un suficiente grado de madurez".
El ministro, que negó haber hablado con el presidente de la Generalidad catalana, José Montilla, sobre la sentencia del Constitucional, deseó que el fallo del Tribunal "clarifique y despeje todas las dudas de inconstitucionalidad que despierta en algunos el texto".
Sobre el grado de desarrollo del Estatuto catalán y la falta de reformas en algunas leyes por parte del Gobierno para dar encaje al texto, Caamaño afirmó que el Estatuto "es muy ambicioso desde el punto de vista competencial", por lo que defendió que el Ejecutivo acomete las reformas progresivamente aunque necesita consensos para realizar algunas de ellas.