LD (Ángela Martialay) La Carrera Judicial está revuelta. El estado de la Administración de Justicia ha provocado un “malestar” en los profesionales de la magistratura que cada día ven más cerca la celebración de una huelga de jueces. Si bien es cierto que hay división entre quienes son partidarios de recurrir a esta medida y quienes no, el anuncio hecho ayer por las asociaciones judiciales dando un ultimátum al Gobierno para que la modernización de la Administración de Justicia comience a ser una realidad, pone al Ejecutivo en una situación delicada. A continuación, se dan las claves que descifran el conflicto surgido entre los jueces.
Motivos del malestar en la Carrera Judicial
Jueces y magistrados de toda España llevan años trabajando con unos medios materiales decimonónicos y por encima de sus posibilidades. Faltan profesionales en los juzgados para que se cumplan los módulos de trabajo establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La implantación de la nueva oficina judicial, proyecto que data desde 2003, y que conllevaría la modernización de la Administración de Justicia, es a día de hoy un propósito.
Desde que estallase el Movimiento del 8 de Octubre, cuando los miembros de la judicatura protagonizaron de forma espontánea el primer paro judicial que se recuerda en la historia de la democracia española, tanto asociaciones judiciales, como jueces decanos y jueces no asociados denuncian que hasta ahora el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sólo ha hecho promesas incumplidas.
El caso “Tirado”, desencadenante de las protestas
La cadena de errores judiciales que acabó en la muerta de niña Mari Luz tuvo más de un culpable desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, los jueces sintieron que las críticas a la actuación del Rafael Tirado, responsable último, pero no único, de que el presunto asesino de la pequeña de Huelva se encontrase en libertad, fueron "excesivas". Tirado se convirtió para sus compañeros en un “chivo expiatorio” del Gobierno, que pidió de forma expresa que se le agravase la multa de 1.500 euros que a priori le impuso el CGPJ, cuyos vocales fueron elegidos por PP y PSOE, y que más tarde ratificaría. La decisión fue vista como una respuesta "corporativista" y la independencia del poder judicial quedó en entredicho.
Sin embargo, lo que más denuncian de este caso los jueces es que el Penal de Sevilla, en el trabaja el magistrado del caso Mari Luz, tenía una sobrecarga de trabajo, cuanto menos preocupante, y que la Junta de Andalucía, responsable del estado de la Administración, tuvo seis meses sin cubrir la plaza del secretario judicial. No obstante, que un error de ese calibre se saldase con sólo una multa de 1.500 euros ha constituido todo un escándalo en la sociedad.
Una huelga cada vez más cercana
El primer escollo de este asunto es que no está claro si los jueces tienen derecho a huelga o no. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no reconoce dicho derecho como tal, si bien la Constitución lo define como un derecho fundamental de todos los españoles. Para el Ministerio de Justicia dicha huelga sería “injustificable” e “intolerable”, mientras que para la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, más condescendiente con el asunto, reconoce que el derecho de huelga de los jueces “no está ni reconocido ni prohibido, simplemente no está previsto”.
De momento, las posturas entre los miembros de la Judicatura están enfrentadas. Los jueces decanos abogan por recurrir a la huelga el 18 de febrero, pero las asociaciones judiciales son más cautas y advirtieron ayer que, de momento, realizaran “protestas para exteriorizar el hartazgo” en la Carrera Judicial ese mismo día. Las Juntas que se celebrarán el próximo día 21 tienen que aprobar aún la medida. En tanto, la intranet judicial, a la que tienen acceso todos los miembros de la Magistratura, es un continúo hervidero de correos que piden unidad ante la inminente huelga.
La Justicia, desprestigiada
Los sectores judiciales son conscientes del deterioro de la imagen de la Justicia entre los ciudadanos. El último barómetro del CIS la señala como la institución peor valorada del Estado. Los retrasos de los juzgados llegan al ciudadano quien siente que la Justicia funciona mal. El número de ejecutorias pendientes en las partidas judiciales es preocupante.
Si a este mal funcionamiento de un servicio público, en manos de un poder del Estado, se le suma medidas tan polémicas como la multa de sólo 1.500 euros al juez Tirado, es comprensible que el desprestigio de la institución vaya in crescendo. Por otro lado, tampoco ayuda a mejorar esta imagen que la multa impuesta al juez procediese del órgano de los jueces más politizado de todos los tiempos.