LD (Ángela Martialay) De las juntas de jueces protagonizadas este miércoles por los 600 miembros de la judicatura española se puede extraer dos conclusiones. Primera, que los miembros de la Judicatura coinciden en denunciar la situación deficiente y precaria de la Administración de Justicia y, segundo, que no hay acuerdo ni en torno a qué medidas de protestas llevar a cabo para ser escuchados ni sobre cuándo se realizarán las mismas.
El motivo de esta división en el seno de la Carrera Judicial se debe a que la celebración de estas juntas, que no son más que reuniones de jueces donde los miembros de la Magistratura debaten los asuntos internos, no siguen un patrón preestablecido. Éstas se llevan a cabo en partidas judiciales a nivel local, provincial y regional y cada una tiene libertad para adoptar la medida que le parezca más conveniente dándose situaciones tan paradójicas como que mientras que las juntas de jueces de los juzgados de primera instancia de Gerona han decidido ir a la huelga el día 18, la Audiencia Provincial ha acordado lo contrario. O que mientras que los magistrados de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han rechazado protagonizar un paro judicial, la junta provincial de jueces de Granada se suma a la huelga del 18 F.
De momento, y según datos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, recurrirán a la huelga el día 18 de febrero Madrid, Ibiza, Canarias, Murcia, Extremadura, Ciudad Real, Lugo, Granada, Castilla La Mancha, Gerona, Zamora, y Castellón. Sin embargo, hay otro amplío sector de asambleas que han acordado esperar a ver cómo avanzan las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y sus representantes, dando así un margen de cinco meses al Gobierno para ver si mejora las dotaciones materiales y personales de los juzgados españoles. Este segundo grupo advierte que si sus reivindicaciones no son atendidas, entonces irán a la huelga el 26 de junio. Es el caso de Barcelona, La Rioja y Palma de Mallorca.
Pero aún hay más. Los jueces de las juntas celebradas en Vigo, Asturias, Huesca, Andalucía, País Vasco, Albacete, Navarra, Segovia, Palencia, Salamanca, Guadalajara, La Rioja, Lérida, Soria, Alicante y Valencia han adoptado otra postura: ratificar el acuerdo de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) en la que están representadas las cuatro asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura) y esperar a que se produzca el próximo lunes la reunión de las asociaciones con el Ministerio de Justicia. Dentro de este grupo, algunos llevarán a cabo protestas el día 18 de febrero y otros no. Asimismo, algunos son partidarios de una huelga en junio, mientras que otros rechazan la medida.
En tanto, las reivindicaciones suscritas por este tercer grupo de juntas, a tenor del acuerdo de la CIP, son “la instauración de la nueva oficina judicial, la revisión en profundidad de la actual planta judicial, la plena incorporación de las nuevas tecnologías y que el CGPJ establezca a carga máxima de trabajo que puede asumir cada órgano judicial”, entre otros. Asimismo, “exigen el respeto al principio de división de poderes y a la independencia del Poder Judicial”.
Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial, "todos las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia se han adscrito al comunicado emitido por la CIP, excepto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha y la Audiencia Provincial de Albacete". Con este panorama caótico, en este momento resulta imposible determinar la cifra total de jueces que secundarán la huelga del 18 de febrero.