La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró que la "escandalosa detención mediática" de miembros del Partido Popular de Baleares implicados en el caso Palma Arena es "lo más grave" ocurrido este mes de agosto. "Esposados por la mano derecha, cosa que yo no he visto hacer jamás ni a los terroristas más peligrosos. Por supuesto, no a De Juana Chaos, que estaba siendo magníficamente tratado, como todo el mundo sabe y teniendo bis a bis con su novia", destacó Aguirre en su primera comparecencia tras la pausa estiva.
"Esposados por la mano derecha unos señores que yo no sé si habrán cometido algún delito o falta, pero la fianza que les han puesto es de 5.000 euros, por lo que no debe de ser tan grave", destacó. Así, Aguirre consideró "gravísima la utilización de las instituciones para degradar al Partido Popular en favor del Partido Socialista".
Del mismo modo tildó también de "gravísimas" las declaraciones de la vicepresidenta, Maria Teresa Fernández De la Vega, desde Costa Rica, "anunciando en nombre de la Fiscalía General del Estado que no está de acuerdo con el archivo del caso Camps por el TSJV y que la Fiscalía va a recurrir". "Actuando de portavoz de la Fiscalía. Esto es una vergüenza porque no se pueden utilizar las instituciones del Estado, en este caso la Fiscalía, en favor de los intereses del Gobierno", sentenció la presidenta madrileña.
Aguirre denunció que "todos los días" aparecen en la prensa las escuchas que se hacen "siempre a los miembros del PP o a personas relacionadas con el partido". "Me remito a lo que han dicho los máximos dirigentes nacionales de mi partido. Ahora bien, todos los días aparecen transcripciones de conversaciones que son escuchas. ¿Quién hace esas escuchas? ¿Se hacen por orden judicial? ¿Están autorizadas? ¿Por qué si es así no están en el sumario? ¿Quién las quita del sumario? ¿Quién permite que se hagan? ¿Quién las filtras? Eso es lo que yo tengo que decir sobre este tema", dijo la dirigente regional.
Al ser preguntada por si no cree que lo pertinente en estas situaciones es acudir a los tribunales, Aguirre no se quiso pronunciar sobre el caso de las escuchas a los populares en concreto, pero subrayó que en el particular de Baleares, en el se recogieron algunas grabaciones de conversaciones relacionados con el caso del velódromo Palma Arena, habría que interponer denuncia. "Desde luego, creo que en el caso de Baleares, por ejemplo, que lo considero una utilización de las instituciones en contra del PP, hay que acudir a los tribunales. No tengo ninguna duda", insistió.
Caso Majadahonda
La jefa del Ejecutivo madrileño recordó que la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, está pendiente de reunirse con las organizaciones regionales del partido para consultar si tienen sospechas de haber sido víctimas de escuchas con la intención de elaborar un informe. A este respecto, Aguirre --que dijo que aún no ha recibido la llamada de Sáenz de Santamaría-- destacó que le dirá a la portavoz de su partido que uno de los casos "más escandalosos" de grabaciones se produjeron en la Comunidad de Madrid, en concreto contra su persona.
"Le diré que uno de los casos más escandalosos se produjo en la Comunidad de Madrid como fue enviar a la presidenta a la Fiscalía Anticorrupción como consecuencia de que los concejales del Ayuntamiento de Majadahonda en conversación privada en reunión de grupo grabada por uno de ellos, decían que yo les había dicho que no se les ocurriera vender una parcela por debajo de su precio, sino que sacaran un nuevo concurso y lo vendieran al precio de mercado, cosa que hicieron y que luego hemos sabido que aparentemente fue un menoscabo importante de los señores del 'Gürtel'", adujo.
La presidenta madrileña recalcó que en aquel debate sobre la venta de la finca ella fue partidaria de convocar un nuevo concurso en lugar de comercializar la parcela por debajo de su precio. "Como los concejales de Majadahonda estaban divididos en ese punto, quienes sí querían venderla a bajo precio se fueron al grupo mixto y luego son la raíz de todas estas denuncias. Uno de ellos grabó las conversaciones que hemos visto algunas reproducidas en los medios de comunicación", agregó.
Asimismo, recordó que posteriormente el PSOE envió estas conversaciones a la Fiscalía y el Fiscal General del Estado las envió a la Fiscalía Anticorrupción. Por ello, ella interpuso una querella criminal en el Supremo contra el Fiscal General del Estado que después se archivó. La misma suerte corrió la denuncia del PSOE.
"No les quepa duda de que el envío de un político de primer rango a la Fiscalía Anticorrupción como es un presidente autonómico no tiene precedentes en España y muchísimo menos por una conversación de la cual ni siquiera se derivaba un delito o falta, sino la defensa de los intereses de los ciudadanos majariegos", concluyó Aguirre.