La querella fue presentada hace unas semanas por el Centro Jurídico Tomás Moro, que señalaba como, siendo López Garrido Secretario de Estado para la UE, su departamento había otorgado diversas subvenciones a la Fundación Alternativas, una institución afín al PSOE de la que el propio político socialista era patrono.
Una de estas ayudas alcanzaba la suma de 60.000 euros mientras que otra era de 18.000, es decir, en total trece millones de las antiguas pesetas.
El juez ha estimado en su auto que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que decide instruir las diligencias previas necesarias para determinar las circunstancias de tales hechos y las personas que podrían haber participado en ellos.
Según los denunciantes la vinculación del querellado con la Fundación Alternativas "convierten la concesión de sendas ayudas por importe de 60.000 € y 18.000 € por parte del Sr. López Garrido, actuando como Secretario de Estado, en actos reprobables jurídicamente y constitutivos de los presuntos delitos objeto de la querella".
Además, señalan que las conductas suponen "un claro conflicto" con las normas del Código de Buen Gobierno del propio ejecutivo socialista y de las normas sobre incompatibilidades de los Funcionarios de la Administración Pública, de la Ley 5/2006.