Así consta en una sentencia dictada este martes en la que el tribunal condena a Portu, Sarasola y San Sebastián a entre 16 y 17 años y medio de cárcel. A los tres les aplica nueve años por pertenencia a organización terrorista y siete por tenencia de explosivos, en relación con los dos zulos que se hallaron tras la desarticulación del grupo etarra. Además, a los dos primeros les impone otro año y medio de prisión por tenencia de armas, por las pistolas que llevaban el día de su detención, el 6 de enero de 2008.
A Iturbide la Audiencia Nacional le absuelve de todos los cargos que le atribuía el fiscal, que solicitaba que fuera condenado a 30 años de cárcel por todos los delitos anteriores menos el de tenencia de armas.
En relación con el intento de atentado en Azca, el tribunal –formado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Manuela Fernández Prado (ponente) y Javier Martínez Lázaro– considera probado que los acusados realizaron "una labor de información, a petición de la dirección de la banda, propia de su actuación como comando operativo de la organización" aunque "no consta que existiese una decisión de ejecutar" este atentado y "no habían recibido, al menos antes de su detención, la orden de llevarlo a cabo".
Es por esa razón por la que consideran que "no cabe estimar" la existencia del "concierto de voluntades" necesario que exige el delito de conspiración para cometer estragos terroristas. Tampoco existen pruebas, a su juicio, que acrediten la "orientación de sus voluntades hacia el mismo hecho delictivo, la decisión definitiva y firme de ejecutar el delito, la actuación dolosa de cada concertado y la viabilidad del proyecto delictivo".
En cuanto a Iturbide, su implicación en el grupo Elurra de ETA fue desvelada por Sarasola, quien aseguró en su declaración ante la policía que era miembro del grupo y le implicó en algunos hechos, como unos disparos efectuados durante la celebración de un Gudari Eguna y el viaje de reconocimiento a la zona de Azca en Madrid. En todo caso, no le mencionó cuando reveló la participación del Elurra en la T4.
La Sala entiende que "no existe elemento alguno que permita corroborar la realidad de esta atribución", necesario para que las declaraciones de un coimputado puedan desvirtuar la presunción de inocencia. Así, considera que "no existe indicio alguno que pueda venir a corroborar que Joseba Iturbide participase en estos hechos", por lo que la acusación no está "suficientemente probada".
Lo que sí considera probado el tribunal es que a finales del año 2007 la jefatura de ETA encargó a Sarasola, Portu y San Sebastián que "comprobasen el itinerario y la ubicación posible para colocar un coche bomba en la zona de Azca, en Madrid". Para llevar a cabo esta labor, los tres etarras alquilaron un KIA Picanto en Irún (Guipúzcoa) y al menos Portu y Sarasola se desplazaron a Madrid. Cuando llegaron, estacionaron el vehículo en el aparcamiento situado en la confluencia de la calle Raimundo Fernández Villaverde y el paseo de la Castellana y, después de inspeccionar la zona, regresaron al País Vasco.
También ha quedado acreditado que los tres etarras ocultaron materiales explosivos en dos escondites o zulos, uno en Lesaca (Navarra) y otro en Sabiñánigo (Huesca), y que disponían de lugares donde esconder notas o mensajes mediante los que se comunicaban con la dirección de ETA. Además, Portu y Sarasola recogieron dos revólveres con munición en un monte situado en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de Mondragón.
Las torturas denunciadas, no afectan a la declaración
Como ya hiciera en su sentencia por el atentado de la T4, la Sección Primera de la Sala de lo Penal entiende que no corresponde a este tribunal realizar "pronunciamiento alguno" sobre las torturas que fueron denunciadas por Portu y Sarasola y por las que se sigue un procedimiento en el juzgado de instrucción número 1 de San Sebastián.
No obstante, los jueces recalcan que los guardias civiles que tomaron declaración a Sarasola no figuran imputados en la causa y los hechos que se investigan en San Sebastián "concluyen" con su llegada a Madrid.
Por tanto, "las torturas investigadas no aparecen vinculadas directamente a la toma de declaración del detenido, que efectivamente no se produce en el curso de las mismas, sino posteriormente cuando ya se encuentra en Madrid y ante otros agentes distintos a los encargados de su detención, traslado y custodia", que son los que se enfrentan a penas de hasta 17 años de prisión.
La Sala subraya que Sarasola no quiso declarar durante el juicio, con lo que "ha renunciado a dar su versión sobre los hechos", y concluye que "no puede rechazarse de plano la validez de las declaraciones policiales" ni se puede "pretender la nulidad de las diligencias" derivadas de ellas.
Durante el juicio declararon peritos forenses del Instituto Vasco de Medicina legal que concluyeron que hay "elementos de compatibilidad" entre algunas lesiones de Sarasola y su versión de los hechos. Por su parte, la defensa de los etarras renunció a su declaración en el juicio de la T4, en el que sólo declararon forenses de la Audiencia Nacional, que ratificaron que las lesiones del etarra eran compatibles con una detención violenta y que volvieron a hacerlo la segunda vez que Sarasola, Portu y San Sebastián se sentaron en el banquillo por el intento de atentado de Azca.
Más de mil años de cárcel
Estas penas se suman a los 1.040 años de cárcel a que fueron condenados este mes de mayo por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional por el atentado de Barajas, perpetrado el 30 de diciembre de 2006 y en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.
En la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 26 de mayo, el fiscal aseguró que el plan del grupo Elurra para atentar contra Azca era "concreto y determinado", como en su opinión muestra la preparación que llegaron a realizar, con un traslado de reconocimiento a la capital que recordaba "a la experiencia de la T4".
En su informe de conclusiones definitivas, Martínez recordó que fue Sarasola quien, tras su detención, confesó su integración en la banda terrorista a la Guardia Civil, relató su "progresión delictiva" en ETA, aportó todos los detalles sobre "cómo se gestó y se llevó a cabo" y por quiénes el atentado de la T4, y mencionó la "acción proyectada contra el complejo Azca".