Durante un tiempo pudo creerse que el interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, del equipo de José Antonio Griñán, que comparecía en la mañana de este martes ante la Comisión de Investigación, era quien había señalado la irregularidad de los hechos ocurridos en el fraude de los ERE y las ayudas.
Pero los hechos han ido mostrando que, si bien es cierto que señaló las ilegalidades del caso de los ERE, no actuó para terminar con la trama. Es lo que subrayó el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía filtrado a finales de mayo.
¿Cómo pueden gestionarse más de 1.400 millones de euros (la cifra que se baraja como montante total del fondo de reptiles aplicado a ayudas a empresas y prejubilaciones varias) de forma irregular sin que salten todas las alarmas de órganos de control de la Junta de Andalucía, supuestamente ocupados por profesionales al servicio de los ciudadanos y no de los partido?
En el caso que nos ocupa, digámoslo desde el principio, Gómez Martínez, el Interventor, era y es una persona ligada al PSOE, que ya lo nombró director general de Patrimonio en el pasado.
Hasta ahora, el PSOE, que lleva la voz cantante en la Comisión de Investigación, defiende a capa y espada que el procedimiento empleado en la gestión de estos fondos es legal y transparente. Por el contrario, PP, IU y la propia juez Alaya defienden que el procedimiento no era más que un truco para no aplicar la ley de subvenciones excepcionales y eludir sus controles efectivos.
Interrogantes sobre el Interventor General
En 2005, la Intervención General, a las órdenes de Griñán, examinó el llamado fondo de reptiles y efectuó un informe con observaciones en términos muy duros, "vulneración de la legalidad", dijo del procedimiento empleado, pero no llegó a emitir un documento de actuación que habría alertado del menoscabo en los fondos públicos. Por qué no emitió ese informe con instrucciones concretas para evitar lo que ocurría es una pregunta sin respuesta que deberá Manuel Gómez Martínez explicar hoy en la Comisión de Investigación y que la juez Alaya intentará que se responda.
Pero, dado que el convenio que instrumentaba el dinero del fondo de reptiles es de 2001, ¿por qué la Intervención de la Junta no advirtió antes, en 2002, 2003 o 2004, de la no adecuación del procedimiento a la legalidad vigente?
Sobre todo, el comportamiento del Interventor queda en entredicho puesto que según el artículo 9 del Reglamento de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 1988, "si el interventor general de la Junta de Andalucía al conocer un expediente, observará que la obligación o gasto a que corresponda no ha sido previamente fiscalizado estando obligado a ello, lo manifestará así al órgano que hubiera iniciado aquél y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe al resto de las actuaciones, pueda el titular del Departamento del que aquélla proceda, si lo considera conveniente, acordar que se someta lo actuado a la decisión del Consejo de Gobierno o a la Comisión General de Viceconsejeros, según que la obligación o gasto exceda o no de veinticinco millones de pesetas."
Y en el artículo 5.3, se añade: "La Intervención General de la Junta de Andalucía informará trimestralmente al Consejero de Hacienda y Planificación de las cuestiones más importantes que se hayan detectado en estas fiscalizaciones posteriores, proponiendo, en su caso, las actuaciones que considere aconsejables". Son fiscalizaciones posteriores porque en este Reglamento no se permiten las fiscalizaciones previas, por ejemplo, en el caso de subvenciones.
Sin informe de actuación
No se conoce si el interventor acompañó sus observaciones por una "nota de disconformidad" legislada en el mismo Reglamento, preceptiva para que el caso y una propuesta de actuaciones llegara al Consejo de Gobierno.
El informe filtrado de la Cámara de Cuentas colocaba en una situación muy comprometida a la Intervención General y a su titular de entonces, Gómez Martínez, ya que, pese a advertir de las irregularidades, incomprensiblemente no dictó una orden de actuación —de obligado cumplimiento— ante la pasividad de la Junta para solventar estos problemas.
"El Informe de Actuación persigue corregir a futuro prácticas defectuosas advertidas por la Intervención o prevenir actuaciones potencialmente dañosas a los caudales públicos", recuerda la Cámara en su texto, la cual concluye que las subvenciones se otorgaron "sin que por la Consejería de Empleo, ni por la Consejería de Hacienda ni por la Intervención General se adoptaran las medidas necesarias para solventar los incumplimientos que de manera reiterada habían sido manifestados en los informes de control financieros realizados al IFA/IDEA".
Hoy es el día en que el ya ex interventor general, Gómez Martínez, puede aclarar si la omisión del informe de actuación dio alas al fraude de los ERE y las ayudas, en cuyo caso tendría que afrontar su responsabilidad. También puede ocurrir que tales informes de actuación existan o que aquellas notas emitidas contra la legalidad del procedimiento pudieran haberse considerado como tales. También puede ser que considerara totalmente legal el procedimiento utilizado pesar de sus insuficiencias.