Habrá reforma del Consejo General del Poder Judicial pero a día de hoy se desconoce en qué términos se llevará a cabo.
Si al llegar al Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció como una de sus primeras medidas estrella que el Ejecutivo reformaría la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los miembros del Consejo fuera elegidos por los propios jueces y magistrados, este viernes -en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- el titular de Justicia ha dejado claro que esta reforma quedará supeditada al diálogo con los partidos políticos, y especialmente, con el PSOE.
Se reformarán varios aspectos del CGPJ siguiendo las directrices redactadas en el informe elaborado por la comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Ruiz Gallardón; pero se hará sobre todo con "consenso", la palabra más repetida por el ministro este viernes en el Palacio de la Moncloa. Dicho informe contempla los dos posibles sistemas de elección de los vocales que cuentan con el aval constitucional: por las Cortes o por la propia Carrera Judicial.
Ahora, el principal problema radica en que los socialistas ya mostraron su total rechazo a que los doce vocales el Consejo que actualmente son elegidos por el Congreso y el Senado fueran directamente designados por la propia Carrera Judicial, algo que dotaría de mayor independencia al tercer poder del Estado y que era, además, una de las promesas electorales del PP antes de llegar al Gobierno.
El sistema de elección de los consejeros es el punto más polémico de la reforma anunciada en un primer momento por el ministro Gallardón y el que realmente evitaría la actual politización que padece el órgano de gobierno de los jueces.
Según fuentes solventes, el ministro estaría dispuesto a negociar este punto –el más importante de toda la reforma del poder judicial- con tal de no abrir una guerra con el PSOE y las demás fuerzas políticas.
Entre las modificaciones que estudia introducir el Gobierno está que el presidente sea magistrado del Tribunal Supremo con tres años de mandato en el Alto Tribunal y con 25 de experiencia en la Carrera Judicial. El presidente será el único miembro del CGPJ que tenga dedicación exclusiva, ya que los otros vocales seguirán ejerciendo sus profesiones en sus respectivos ámbitos mientras sus labores dentro del órgano de gobierno de los jueces se les retribuirá a través de dietas.
Un sistema, según Ruiz Gallardón, que garantiza la "excelencia" dentro de la carrera judicial, al ser posible de forma regulada la profesión con las funciones tradicionalmente atribuibles al CGPJ.
También se creará la figura del vicepresidente del Alto Tribunal, que no formaría parte del Consejo, y que "es un sustituto" cuyo surgimiento sigue el modelo del "sistema anglosajón" que está destinado a "evitar dualidades y problemas" en el ejercicio de su profesión.
Menos comisiones
En relación con las competencias, el ministro ha asegurado que se mantendrá la "plena autonomía" del Consejo en aquello que la Constitución le reserva, es decir, en nombramientos, ascensos, inspección y en el régimen disciplinario.
En este contexto, ha explicado que la actividad internacional deberá ser coordinada previamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Según ha dicho, se sugiere "una reducción muy importante" del número de comisiones, rebajándolas "a aquellas competencias que la Constitución establece propias del CGPJ".
El órgano ejecutivo será la Comisión Permanente, que se integrará por el presidente y cuatro vocales que serán elegidos anualmente y donde cabrá la rotación entre los 20 miembros, sin que se establezca ninguna limitación en cuanto a la reelección. Los acuerdos serán recurribles directamente en vía jurisdiccional para dar mayor agilidad al funcionamiento.
Se plantea la existencia de otras dos comisiones, la Disciplinaria y la de Igualdad, por lo que el cometido de las áreas que desaparecen será asumido –"fundamentalmente la de Calificación"– por la Comisión Permanente.
La Comisión Disciplinaria se modificaría al crear la figura del "promotor de la acción disciplinaria" para garantizar los derechos fundamentales de la Carrera Judicial. "Se sustituye el actual sistema que es prácticamente inquisitivo por un sistema acusatorio", donde un magistrado elevará una propuesta de sanción disciplinaria a la Comisión que se constituye como un verdadero tribunal.
La reforma tiene que estar "aprobada y publicada" en marzo de 2013 para que no se produzca una "prórroga como la producida con órganos constitucionales", ya que los miembros del actual CGPJ tienen que ser renovados en 2013.
El Gobierno va a buscar un "amplio acuerdo entre grupos parlamentarios" dado que se trata de una reforma "estructural", señaló Gallardón. "Tras recibir el informe expertos, el Gobierno ha iniciado una aproximación a todos los grupos para alcanzar el acuerdo. Sería positivo que tuviese amplío consenso para darle garantía de permanencia", recalcó el ministro de Justicia en referencia al Anteproyecto de Ley.