La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado tres delitos a la que fuera asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, que en su comparecencia de este viernes se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
De este modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa a la "mano derecha" del ex director general de Trabajo Juan Márquez los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos.
En una comparecencia que ha durado apenas 30 minutos, de 11:30 a 12:00 horas, la magistrada le ha dado cuenta de los delitos que le imputa, tras lo que María José Rofa se ha limitado a ratificar su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a mostrar su desacuerdo con los hechos que se le imputan.
Asimismo, ha anunciado que, en función de lo que digan en sus comparecencias los próximos imputados, se reserva la opción de presentar alegaciones por escrito, mientras que también ha negado que ella fuera funcionaria, sino que disfrutaba de un contrato por obras y servicios "sin capacidad de decisión".
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 205 millones de euros -la misma que pidió para Márquez-, mientras que la Junta, personada como acusación, ha pedido una fianza de 3,5 millones por la inclusión en el ERE de Calderinox del exdelegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés y del sindicalista Antonio Fernández Garzón y las ayudas a las empresas Virgen del Espino, Río Grande y Packsur.
Por su parte, el PP y el sindicato UGT, personados también como acusaciones en este procedimiento, no han solicitado que se le imponga fianza alguna a la imputada, mientras que Manos Limpias lo ha dejado a criterio de la propia magistrada.
Por último, Juan Carlos Alférez, abogado del que fuera director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, ha mostrado su rechazo genérico a la imposición de fianzas a aquellos imputados "que han recibido órdenes para ejecutar un sistema -el de las ayudas- implantado por las más altas esferas de la Junta".
"Mano derecha" de Márquez
En un auto dictado el pasado día 12 de junio, consultado por Europa Press, la juez Mercedes Alaya relata que, "a pesar de su intentos" ante Márquez para que "se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre la legalidad del mismo, ante la ausencia de justificación y seguimiento de las ayudas", lo cierto es que la imputada, "mano derecha" de Márquez, "termina trabajando con las mismas herramientas aunque fuera por indicación de sus superiores".
De este modo, la magistrada cree que Rofa "tuvo conocimiento de la presunta ilegalidad que todo ello suponía", participando "en la continuidad en el uso" del convenio-marco de 2001 que regulaba las ayudas y "en dar apariencia de legalidad" al trabajo desarrollado por el anterior director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el pasado mes de marzo.
A ello se suma, según la juez, que "no comprobó la legitimidad de los beneficiarios de las ayudas sociolaborales y de empresas, teniendo constancia de beneficiarios irregulares en las pólizas de renta colectiva", como los intrusos en el expediente de Calderinox.
"De hecho", dice la juez, el exdelegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés, intruso en el expediente de esta última empresa, "se presentó en su despacho a finales de 2009 o primeros del 2010 para saber cuándo iba a cobrar las cantidades que le habían prometido", según ella misma manifestó a la Guardia Civil.