Las versiones volvieron a ser contradictorias. En su segunda visita al palacio de La Moncloa desde que el PP accedió al poder, Iñigo Urkullu utilizó su comparecencia para inflar el globo de los "gestos" del Gobierno hacia la banda terrorista -vía, por ejemplo, la política penitenciaria- mientras que desde el entorno del presidente se pinchaba una vez se aseguraba que en ningún momento se movió de sus trece, marcando la línea roja en la actuación de las fuerzas de seguridad, de acuerdo a la Ley y a la exigencia democrática.
El encuentro, de dos horas y media y en un clima de cordialidad total, se produjo en plena ofensiva del partido que sustenta al Ejecutivo a propósito de los últimos movimientos de Bildu y Amaiur, que cada día se quitan la careta con más frecuencia y dejan entrever "quién está detrás de estas formaciones", como dijo Alfonso Alonso. Pero también del patinazo de su responsable de Justicia, Iñaki Oyarzábal, hablando de la disolución “incondicional” de ETA “para los próximos meses”, cosa que fue descartada por el Gobierno oficialmente, en tanto en cuanto se negó a dar plazos de ningún tipo.
Sobre el revulsivo del PP contra Batasuna, colmó el baso que sus dos marcas en las instituciones criticaran las últimas detenciones policiales, lo que ojos del PP supone una prueba concluyente, a tener en cuenta por el Ministerio del Interior, para proceder a su ilegalización. De hecho, tanto el Ejecutivo -a través precisamente de Interior- como el Grupo en el Congreso hicieron de la necesidad virtud y se acogieron al fallo del Tribunal Constitucional a favor del renacimiento del partido de ETA -Sortu- para recordar que en su letra pequeña está la herramienta para iniciar su desaparición de la vida política si no cumple con la normativa democrática. Y esta exigencia, dicen, no se cumple una vez se financia un documental etarra o se equipara a ETA con la Guardia Civil.
Un discurso que en ningún caso quiso asumir Mariano Rajoy, que quiso darle perfil muy económico al despacho-almuerzo con Urkullu. De hecho, ambas partes coincidieron en que la crisis lo acaparó prácticamente todo. Pero después sí que se habló del terrorismo, y de la situación que atraviesa a día de hoy. El presidente no sacó a colación la posibilidad de ilegalizar las marcas políticas de Batasuna, pero sí que le recordó su postura, y en ella se incluye "la Ley y la Policía" y con ello, expusieron fuentes gubernamentales, la posibilidad del cerrojazo.
"Tajantemente, no hemos hablado de supuestas ilegalizaciones", respondió Urkullu, por dos veces, en la rueda de prensa. Rajoy no se pronunció a micrófono abierto, por lo que su versión de los hechos procedió de portavoces autorizados. Y, como siempre, el presidente escuchó "con mucha atención" al líder nacionalista, con quién nunca ha tenido tiranteces públicas.
El presidente del PNV se mostró favorable a que Batasuna esté presente en las urnas y, aunque dijo que su formación sí aplaude las detenciones a etarras, no censuró que Amaiur se quejara. "Lealtad y discreción" fueron sus palabras favoritas, no sin incluir el detalle de que el Ejecutivo sí pedalea a su gusto, aunque no lo demasiado rápido. "Existe la necesidad de aprovechar este momento. Le he incitado a seguir para que la gestión prospere. Con la legalidad en la mano, juntos, podemos llegar al fin", expuso en Moncloa.
Por el contrario, el presidente le reiteró su posición, invariable desde la tregua decretada por la banda. "Lo más efectivo", según reprodujeron fuentes autorizadas, es mantener el ritmo de actuación, de acuerdo a la Ley y el Estado de Derecho. El ejemplo de que nada ha cambiado, asegura el Gobierno, es que las detenciones se mantienen y las fuerzas de seguridad siguen "en alerta". "Lo más útil es seguir así" porque, le dijo Rajoy a Urkullu, lo único que le queda a ETA es que se disuelva y entregue las armas. Tanto el Gobierno como el PP han borrado de su vocabulario la derrota total de la misma.
El Gobierno rechaza los cálculos de Oyarzábal
Lo que no hicieron ni el Ejecutivo ni el PNV fue dar pábulo a los cálculos de Oyarzábal, que dijo estar "convencido" de que la presión policial y "los pasos inteligentes" del Gobierno van a permitir que "en los próximos meses" se produzca que el fin "incondicional" de ETA. Desde Moncloa se destacó que no es su función hacer "especulaciones", en un claro toque de atención. "La mejor manera de garantizar la disolución incondicional de ETA es seguir actuando como hasta ahora", le matizó Jorge Fernández Díaz.
Lo que sí dijo el Ejecutivo, a varios niveles, es que las fuerzas de seguridad no descansan y siguen recapitulando pruebas por si fuera necesario tomar alguna decisión. "El contador ha empezado a avanzar", afirmó Alonso, muy próximo a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, Rajoy ni tan si quiera mencionó esta posibilidad, envolviéndose en su discurso habitual, según confirmaron ambas partes.