Malestar, asombro y preocupación en la cúpula judicial del país ante la inminente retirada de escoltas. En las últimas horas, sin previo aviso, la Secretaria de Estado de Seguridad ha comunicado a la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional la supresión casi total del servicio de protección policial de sus miembros. En general, fuentes consultadas por Libertad Digital coinciden en señalar que la medida ha sentado bastante mal entre jueces y fiscales.
En la Audiencia Nacional, tribunal encargado de encausar y juzgar los delitos de terrorismo y a las mafias del crimen organizado, la retirada de su servicio de seguridad se llevará a cabo esta semana sin que desde el Ministerio del Interior "haya explicado previamente el plan de retirada de escoltas" ni se haya programado "una situación transitoria", denuncian las fuentes consultas.
"El viernes nos dijeron que se mantendría los escoltas de los jueces de Instrucción y resulta que el lunes no enteramos que no", comenta otro magistrado.
El servicio de protección oficial se le suprimirá a todos los jueces y fiscales de este tribunal excepto al presidente, Ángel Juanes, al presidente de la Sala Penal, Fernando Grande Marlaska, al juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, al fiscal jefe, Javier Zaragoza, y al teniente fiscal, Fernando Burgos, junto con el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña.
El recorte de escoltas de la Audiencia Nacional -que afectará a unos 250 agentes que deberán ser reubicados- irá acompañado de un servicio de contravigilancia policial dirigido a aquellos miembros de la carrera judicial que se queden sin guardaespaldas.
Por su parte, los miembros de la Fiscalía de la Audiencia, tras haberse reunido este lunes, han hecho público un duro comunicado en el que manifiestan su "preocupación, malestar y rechazo así como su profunda indignación por las formas en que se ha tenido conocimiento de la finalización de este servicio", en referencia a que muchos fiscales han conocido la medida tras las noticias publicadas por varios medios de comunicación entre ellos LD.
En el escrito, la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional recuerda que "ETA no se ha disuelto" ya que la banda continúa "desarrollando se actividad con labores de captación de nuevos miembros, sustracción de vehículos, falsificación de documentos y poseyendo abundante armamento y explosivos".
"Resulta por tanto evidente que la amenaza terrorista sigue existiendo y que no se puede descartar la reanudación de los atentados tan pronto como resulte propicio a sus fines", añaden los fiscales.
Recortes sí, supresión no
El Ministerio Público mantiene que la "situación económica" que vive el país "justificaría una racionalización y ajuste del seguridad para optimizar recursos pero en ningún caso la supresión de una protección que se considera esencial para desarrollar las importantes funciones que la ley otorga a la Audiencia Nacional. (...) El mantenimiento de la seguridad para políticos y ex altos cargos, cuyas funciones se desarrollan en ámbitos ajenos a la lucha antiterrorista y contra la criminalidad organizada pone de manifiesto que al establecer las prioridades de protección se han valorado criterios que poco tienen que ver con el riesgo real de cada persona".
La supresión del servicio de escoltas afectará a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial y a casi todos los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
En el Supremo tan sólo se le mantendrá la protección policial a Carlos Dívar –aún presidente ya que su cese no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado-, al magistrado Juan Antonio Xiol Ríos –presidente en funciones del Alto Tribunal- y a Juan Saavedra, presidente de la Sala de lo Penal.
Por su parte, la retirada de escoltas afectará a todos los vocales del CGPJ, incluido al actual sucesor de Dívar, Fernando de Rosa. Tampoco se libra de este ajuste el Tribunal Constitucional donde sólo se le mantendrá el servicio de guardaespaldas a su presidente, Pascual Sala.
Desde el pasado mes de marzo el Ejecutivo ha llevado a cabo una política de reducción de escoltas en todos los ámbitos profesionales y en todas las comunidades autónomas. Principalmente por dos razones: por el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA el pasado mes de octubre y por la crisis económica.
La polémica decisión de Interior se enmarca en los planes previstos por el Ministerio para reducir la plantilla de escoltas que llegó a prestar protección a 1.700 personas en todo el territorio nacional generando un gasto de 160 millones de euros anuales a las arcas del Estado.
Tras llevar a cabo una rebaja significativa en el País Vasco y en Navarra, el ministro de Jorge Fernández Díaz anunció que se desempeñaría la misma política de reducción de escoltas en el resto de España.