El Pleno que se celebra este sábado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) marcará un antes y un después en el mandato de Carlos Dívar, presidente de la institución.
El escándalo protagonizado por la treintena de viajes que el magistrado realizó a diversas ciudades de España, principalmente a la localidad malagueña de Marbella, a cargo del presupuesto del Consejo, le ha puesto en una delicadísima situación.
Fuera de micrófonos, en las conversaciones off the record, pocos o ninguno son los vocales que defienden a su presidente. Tampoco los magistrados del Tribunal Supremo, órgano que también preside, aprueban su actitud y comportamiento. Es más, entienden que la Sala de Gobierno del Alto Tribunal debería haberle instando a dejar el cargo.
Las cuatro asociaciones de la Carrera Judicial– Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco De Vitoria y Foro Judicial Independiente- creen que la dimisión de Dívar sería la mejor salida para esta crítica situación. Asimismo, diecisiete jueces decanos de toda España han manifestado el malestar por la imagen de frivolidad que los viajes del presidente está proyectando en el Poder Judicial.
Con este panorama en el que nadie lo apoya –excepto el Gobierno que no quiere que se abra una crisis institucional en la Judicatura-, Dívar debe afrontar este sábado su pleno más difícil. En la sesión plenaria los cuatro vocales del sector progresista que piden la dimisión de Dívar, Margarita Robles, Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz, han leído un comunicado en el que cargan contra el presidente del órgano de gobierno de los jueces.
"Entendemos que los hecho acaecidos son incompatibles con los principios de transparencia y austeridad exigible a todo responsable público; principios que este consejo ha venido proclamando desde el inicio de su mandato", señalan.
Según estos cuatro miembros del CGPJ, "la naturaleza de los hechos ha acarreado la percepción pública de abuso y arbitrariedad en la utilización de recursos públicos y ha menoscabado la imagen pública de la justicia ante la ciudadanía".
"El señor de Dívar además de presidente de un órgano político del CGPJ, lo es también del Tribunal Supremo, vértice jurisdiccional. Esta doble condición le obligaba y le sigue obligando de manera especialmente intensa a comportarse conforme a los valores de lealtad, integridad, dignidad y honor", manifiestan en el escrito que se debatirá en la reunión que ha arrancado a las once y media de la mañana.
Dichos vocales entienden que sólo la salida de Dívar ayudará a "restituir el clima de compromiso necesario para continuar sirviendo a la sociedad" ya que "la mínima demora en su dimisión impide la recuperación de confianza social en la justicia".
Lo cierto es que dentro del Consejo, la situación ha dado un giro importante y la propuesta de los vocales progresistas Margarita Robles, Félix Azón, Inmaculada Montalban y Carles Cruz, que insta a Dívar a dimitir ha ganado adeptos, que comparten que no actuó de acuerdo a los principios de austeridad y transparencia exigibles.
También la vocal Margarita Uría, designada a propuesta del PNV, ha hecho público su apoyo a la dimisión, y es posible que se le sume el catalán Ramón Camp después de que CiU haya instado a Dívar a "mover ficha" a través de su portavoz en el Congreso Josep Antoni Duran i Lleida.
Aún con ello no es seguro que la petición de cese vaya a conseguir los votos de 12 de los 20 miembros del CGPJ que necesita para salir adelante, tal y como había solicitado el vocal José Manuel Gómez Benítez. Más allá de que el presidente del Poder Judicial decida abandonar su cargo, existe la posibilidad de que doce vocales puedan forzar su cese, como ha pedido Gómez Benítez. "He pedido a mis compañeros que actúen en consecuencia porque la situación es insostenible", ha subrayado este consejero antes de empezar el pleno.