La posibilidad de que aquellos ciudadanos que tuvieron que abandonar el País Vasco por la presión de los terroristas ETA puedan votar en las elecciones regionales podría convertirse en una realidad. Dependerá del informe que elaborará el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia cuyas expertos ya trabajaron en el encaje legal de la Ley de Partidos.
Dicho informe fue solicitado este jueves por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien consideró un "un deber moral" que se intente "reparar" la vulneración del derecho de participación política que sufrieron muchos ciudadanos vascos debido al "exterminio" y "totalitarismo fanático" perpetrado por la organización terrorista ETA, que trató de expulsar de la región a quienes no respaldaban su proyecto independentista.
"Para remediar este lamentable estado de cosas al que nos pretendió condenar ETA y mirar al futuro, es importante que sepamos explicar el pasado con rigor. Debemos plantearnos la forma de reparar el silencio forzoso impuesto a muchos ciudadanos y la intolerable morada que la violencia supuso al más elemental derecho a la participación. Debemos dar voz a los que se vieron injustamente privados de ella", dijo.
Fernández Díaz adelantó que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene la "plena voluntad" de sacar este proyecto adelante "si los expertos concluyen que es viable en términos jurídico-constitucionales", aunque se mostró consciente de que se trata de "un tema complejo en términos jurídicos".
"También es cierto que muchos de los grandes avances en la defensa de la libertad frente al terrorismo han ido precedidos de pasos firmes y decididos en el mundo del Derecho, que algunos calificaban como imposibles o temerarios. No olvidemos, por ejemplo, la contribución decisiva que la Ley de Partidos ha supuesto para la derrota de ETA, a pesar del escepticismo inicial que existía acerca de la viabilidad de una disposición legal como ésta", continuó.
En esta línea, señaló que este tema es una "cuestión de Estado" y pidió a los expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que se tomen "todo el tiempo que sea necesario" para fijar su posición y que aborden el tema "sin apasionamiento". "El Estado siempre ha sabido dar una respuesta a la altura de las expectativas de quienes anhelan la paz", añadió.
El ministro censuró a aquellos que acusan al Gobierno de intentar sacar la iniciativa adelante para adulterar el censo vasco de cara a las próximas elecciones vascas, que se deberían celebrar en abril de 2013, pero que se podrían adelantar a este otoño-invierno. "Que nadie piense que estamos pensando en las próximas elecciones, decir eso sería mezquino. El Gobierno no va a frivolizar con este asunto", aseguró.