El 23 de julio de 2010, Lucía Figar (por entonces portavoz del Partido Popular de Madrid) afirmaba que su partido iba a presentar una queja contra el Fiscal Jefe de Madrid, Eduardo Esteban, portavoz de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales y al que Cándido Conde Pumpido había aupado a la jefatura de la Fiscalía de Madrid en 2008.
"La actitud de Eduardo Esteban es partidista, discriminatoria y sectaria. Y supone un auténtico acoso al PP", afirmaba Lucía Figar, refiriéndose a diversos casos judiciales en los que ese fiscal había manifestado una especial beligerancia contra el partido de Mariano Rajoy.
Un año y medio después, el 28 de febrero de 2012, Libertad Digital informaba del hallazgo de los restos de uno de los focos de explosión del 11-M, que habían permanecido ocultos durante ocho años. Ni en el sumario ni en el juicio del 11-M se había dejado la más mínima constancia de la existencia de esos restos. Tampoco se había informado de su existencia a los abogados de acusaciones y defensas.
Y no solo eso: cuando el juez Gómez Bermúdez encargó a una serie de peritos averiguar qué explosivo se utilizó el 11-M, éstos se quejaron de la escasez de muestras y pidieron ver los restos de las explosiones. La contestación del director de la pericia no pudo ser más tajante: no es posible, porque todos los restos han sido desguazados. Pero era mentira: en un cobertizo de una empresa proveedora de Renfe se conservaban esos restos de un foco de explosión que luego serían encontrados por Libertad Digital.
Tras la publicación del hallazgo de los restos de ese foco de explosión, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó abrir una investigación para determinar si podía haberse cometido un delito de ocultación de pruebas. Y encargó de esa investigación... a Eduardo Esteban, Fiscal Jefe de Madrid.
Es decir, el Fiscal General del Estado nombrado por el PP encargaba de investigar la posible manipulación de pruebas en el 11-M a un hombre de Cándido Conde Pumpido a quien el PP había calificado de "partidista, discriminatorio y sectario" pocos meses atrás.
Hoy, el Fiscal Jefe de Madrid, con la anuencia del Fiscal General del Estado, ha decidido archivar las investigaciones sobre los restos de ese foco de explosión del 11-M. La conservación de esos restos "se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que fueron informados en su momento", dice la nota de la Fiscalía, por lo que no habría delito alguno de ocultación de pruebas.
El propio Fiscal General del Estado manifestaba hoy mismo, en una entrevista con la agencia EFE, que "está perfectamente detallada la cadena de custodia" de esos restos y que se ha procedido a comunicar la localización de esos restos al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, "simplemente para que tenga noticia el juez de su existencia y de que están debidamente custodiados".
Lo cual plantea una interesante paradoja: si "los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento fueron informados en su momento" de la existencia de esos restos (como afirma la Fiscalía de Madrid), ¿por qué el Fiscal General del Estado ha considerado ahora necesario informar a la Audiencia Nacional de la localización de esos restos, "para que tenga noticia el juez de su existencia"?
O la Audiencia Nacional conocía la existencia de esos restos (en cuyo caso informarla ahora de su existencia es absurdo) o no conocía su existencia, en cuyo caso no es verdad lo que dice la Fiscalía de Madrid.
Pero las manifestaciones del Fiscal General del Estado y del Fiscal Jefe de Madrid presentan otras contradicciones curiosas:
- Si es verdad, como afirma Eduardo Torres-Dulce, que "está perfectamente detallada la cadena de custodia" de esos restos, ¿por qué la información correspondiente no figura en el sumario ni en el rollo de sala del 11-M? ¿Por qué el Fiscal General del Estado no hace públicos los documentos acreditativos de esa cadena de custodia, para que la opinión pública los conozca?
- Si es verdad, como afirma la Fiscalía de Madrid, que el juez Del Olmo y el juez Gómez Bermúdez estaban informados de la existencia de esos restos, ¿por qué no dejaron constancia esos jueces del hecho, ni durante la instrucción de la causa, ni durante el juicio? ¿Por qué se ocultaron esos restos a los peritos encargados de determinar qué estalló el 11-M? ¿Por qué se ocultaron también esos restos a los abogados de acusaciones y defensas?
Si algo deja claro este episodio es que las esperanzas que las víctimas pudieran tener de que el PP clarificara los atentados del 11-M al llegar al poder eran vanas. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista están dispuestos a que se investigue ninguna de las evidentes manipulaciones de pruebas y falsos testimonios con los que se echó las culpas del atentado al terrorismo islamista. Y unos y otros están dispuestos a ir de la mano a la hora de cegar cualquier vía judicial de investigación de aquella masacre.