Según informa El Mundo, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que rechace el recurso presentado por Jamal Zougam, el único condenado por el 11-M, frente a la inadmisión de su querella contra las dos testigos a causa de cuya declaración fue condenado. Según la Fiscalía, no cabe el delito de falso testimonio porque el tribunal que juzgó la masacre asumió la versión de las dos rumanas.
Según el escrito de la fiscal Rosa Mayoral, en la querella "se hace referencia a las declaraciones prestadas por las dos testigos protegidos que nada aportan a efectos de una nueva valoración de lo que afirman, ya que el devenir de las mismas durante todo el proceso penal fueron conocidas (sic) por todos los integrantes del propio proceso. La condena no sólo se basa en el tetimonio de las testigos protegidos, sino en otra serie de pruebas que fueron tenidas en cuenta".
No obstante, los hechos desvelados por El Mundo contradicen esta versión, ya que demuestran que los testimonios clave para condenar a Zougman tienen grandes lagunas y concurrieron en circunstancias extrañas; que además, desconocían tanto la defensa como el juez instructor, e incluso el tribunal que juzgó la masacre. En concreto, la testigo J-70 que inciriminó a Zougam dijo que había visto al marroquí con una mochila en un vagón cuando iba con su amiga, la testigo C-65.
El problema es que 15 días antes, J-70 había sido descartada como víctima por el Ministerio del Interior, lo que le imposibilitaba el acceso a las indemnizaciones y a la obtención de la documentación necesaria para legalizar su situación en España. Después de inculpar a Zougam, fue aceptada como tal, y recibió una indemnización de 48.000 euros.
Tampoco el testimonio de la testigo C-65 está exento de dudas en cuanto a su fiabilidad. Primero, aseguró en el juicio que viajaba en los trenes con su amiga J-70, ambas de nacionalidad rumana, aunque no acalaró por qué ella declaró por primera vez el 1 de abril de 2004 y su amiga 10 meses después. Según descubrió El Mundo, la testigo acudió al Consulado de Rumanía junto a otra mujer, distinta a J-70, reclamando la indemnización del Gobierno rumano. A la segunda persona se le negó el dinero por no aportar pruebas de que viajaba en los trenes del 11-M, y entonces ambas declararon que viajaban juntas y que habían visto a un terrorista en el tren e identificaron a Zougam, cuyo rostro había salido ya centenares de veces en televisión. De la segunda mujer nunca más se supo: su testimonio no llegó al sumario. De C-65, sí.
Además, el marido de esta última fue reconocido también como víctima de otro tren, y entre ambos obtuvieron 100.000 euros de indemnización y la nacionalidad española. Su hermano también lo intentó, pero fue rechazado y propuesto para ser imputado por mentir.
Estos dos testimonios fueron considerados por el Tribunal Supremo como "la principal prueba de cargo" contra Zougam.