La Audiencia Nacional concederá la libertad condicional para los presos de ETA Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Pérez de Nanclares, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión que ya ha adoptado el juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro. Se trata dos presos de la banda acogidos a la denominada 'Vía Nanclares'. Ya no tendrán que acudir a la cárcel para dormir como hacían hasta ahora.
José Manuel Pérez de Nanclares
En el caso de Pérez de Nanclares, el juez ha tenido en cuenta el informe de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Basauri (Vizcaya) elaborado a favor de la concesión de esta libertad condicional. José Manuel Fernández Pérez de Nanclares lleva desde hace años acogido a la denominada 'Vía Nanclares' a la que acceden los internos terroristas que rompen definitivamente con ETA.
Este preso cumplió las 3/4 partes de su condena el pasado 22 de junio de 2011 por lo que no es necesario que Castro consulte con la Fiscalía como sí sucede cuando se va a adoptar una libertad condicional para un preso que tan sólo ha cumplido la mitad de su pena.
Tras el visto bueno del juez, Pérez de Nanclares cumplirá los seis años que le restan de condena en libertad condicional. Este interno liquidaba su condena en el mes de mayo de 2018, según estas mismas fuentes.
Pérez de Nanclares es uno de los dos presos de la banda a los que el Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido el tercer grado penitenciario, una medida poco habitual entre los presos de ETA (tan sólo siete casos desde 2007). En virtud de esta graduación penitenciaria –conocida coloquialmente como el régimen Cenicienta– tan sólo tenía la obligación de acudir a la cárcel para dormir desde el pasado 10 de febrero.
Al haber cumplido las 3/4 partes de su condena y encontrarse en tercer grado, la Junta de Tratamiento de la cárcel de la que depende, Basauri, estaba obligada por Ley a elaborar este expediente sobre la libertad condicional, que se inició el pasado 13 de marzo.
En este caso, la cárcel también se mostró favorable debido a que, según recuerdan, Pérez de Nanclares se encuentra completamente desvinculado de ETA, ha colaborado con la justicia, ha aceptado hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus atentados y ha pedido perdón a las víctimas.
Pérez de Nanclares cumple condena desde el 18 de mayo de 1992 por delitos relacionados por su pertenencia a ETA y se le aplicó la denominada doctrina Parot. La Audiencia Nacional lo condenó el 7 de abril de 1995, al igual que a su esposa María Ángeles Pérez del Río, a 18 años de prisión, por colaborar en el asesinato del guardia civil José San Martín Bretón, ocurrido en Guecho el 25 de febrero de 1992.
Fernando de Luis Astarloa
Por su parte, Fernando de Luis Astarloa, en tercer grado desde el pasado 20 de octubre también contaba con una propuesta formulada el pasado mes de noviembre por la Junta de Tratamiento de la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca sobre la concesión de su libertad condicional.
Según explicó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a través de un comunicado, este expediente de libertad condicional se inició por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Nanclares el pasado 18 de noviembre de 2011, elevándose al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria el 21 de diciembre de 2011, "con el anterior Gobierno" socialista.
Detenido en 1990, Fernando de Luis de Astarloa integró el grupo Orbaiceta y ese año fue condenado a 29 años por asesinar el 19 de enero de 1985 a Agapito Sánchez Angulo, peluquero de Portugalete (Vizcaya). La misma pena le fue impuesta en 1992 por el asesinato de un taxista en Bermeo (Vizcaya). La víctima, Juan José Uriarte Orúe, era primo del entonces obispo auxiliar de Bilbao Juan José Uriarte. Fue el propio Astarloa quien le asestó un disparo en la nuca.
Desde hace años se encuentra desvinculado de su pasado terrorista. En enero de 2010 fue uno de los seis presos de Nanclares de la Oca que anunció por carta su desvinculación de la banda terrorista ETA "por voluntad propia".
Se trata de uno de los etarras a los que se le aumentó la pena siguiendo la doctrina Parot, por la que el Tribunal Supremo cambió la fórmula de rendición de penas a partir de 2006. En septiembre de 1999, se benefició por primera vez de las medidas penitenciarias adoptadas por el Ministerio de Interior.