El Ministerio de Defensa está empezando a llevar las novedades aprobadas por la Ley de Derechos y Deberes de los militares del papel a la práctica. Para ello, la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Arcahud, ha fijado los criterios sobre las reuniones y apoyo a las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas en el interior de los recintos dependientes del ministerio y los Ejércitos.
Según estos criterios por lo que tendrán que regirse los mandos, las reuniones que se celebren en las unidades deberán estar "previa y expresamente autorizadas por su jefe", que las podrán denegar "motivadamente ponderando la salvaguarda de la disciplina y las necesidades del servicio".
La solicitud para llevar a cabo las reuniones se dirigirán al jefe de la unidad con una "antelación mínima de setenta y dos horas", y en ella debe constar "la finalidad de la misma, forma en que se piensa difundir la convocatoria, fecha, hora y duración prevista de la misma"; y se podrán llevar a cabo si antes de veinticuatro horas el jefe de la unidad "no formula objeciones mediante resolución expresa".
Además, si una vez autorizada la reunión "surgiera alguna de las limitaciones" que marca la Ley de Derechos y Deberes para "ejercer el derecho a reunión, como son la salvaguarda de la disciplina y las necesidades del servicio, el jefe de la unidad podrá desconvocar la reunión o, en el caso de que ésta ya esté en curso, suspenderla, debiendo estar la razón de esta decisión debidamente motivada y justificada".
Este último punto, ha sido fuertemente criticado este miércoles por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), y es que el hecho de que los mandos puedan entrar en las reuniones y disolverlas si así lo consideran oportuno, fue calificado como "un regreso al pasado". "¿Va a haber un comisario político en las reuniones para desconvocarla según lo que se diga en la misma?", se preguntaron desde la asociación profesional de las Fuerzas Armadas, quienes aseguraron que ése no es el espíritu con la que se redactó la Ley Orgánica de Derechos y Deberes.
El presidente de la asociación, Jorge Bravo, criticó además los tres meses de Gobierno Rajoy en lo que al desarrollo de esta ley se refiere. "Se han incumplido el plazo para la constitución del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Observatorio de la Vida Militar. Parece que están pasando, parece que ahora los derechos no cuentan", denunció.
Al mismo tiempo, criticó que el Ejecutivo no haya tenido una voz unánime a la hora de decir cómo va solucionar los graves problemas que ha planteado a nivel laboral en el seno de las Fuerzas Armadas la Ley de la Carrera Militar aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ante esto, AUME ha advertido que la asociación empieza a plantarse la posibilidad de volver a convocar una manifestación de militares, como ya hicieron en varias ocasiones durante la pasada legislatura, y que podría llevarse a cabo después del verano, para dar todavía un plazo al Gobierno para empezar a actuar.