María Dolores de Cospedal privatizará la radio-televisión pública de Castilla-La Mancha. La decisión estuvo tomada desde el minuto cero, anunciada incluso en campaña electoral dentro del programa de reformas puesto ahora en marcha, pero necesitaba de una norma nacional que articulara esta posibilidad. El Consejo de Ministros, el pasado viernes, puso negro sobre blanco y envío al Congreso, por la vía de urgencia, un proyecto de ley para que se pueda iniciar el proceso.
Puestos los mimbres, la presidenta regional confirmó este lunes el "compromiso de Gobierno", como colofón a un proceso de saneamiento que ya se está acometiendo. El objetivo es que el ente "pueda resultar financieramente viable" para que así haya interesados en la compra. En la actualidad, aseguran fuentes autorizadas, es un canal "que nadie podría asumir".
El Gobierno castellano-manchego pone los datos encima de la mesa. Una vez Cospedal llegó al poder, recortó en un 20% el presupuesto de radio y televisión, con el consiguiente ajuste en todas las áreas. Además, se cerró el segundo canal autonómico en parrilla televisiva. "La estamos poniendo bonita para que alguien quiera comprarla", explica las fuentes consultadas. Cuando todo esté listo, "procederemos" a la reconversión, prometió la presienta autonómica.
En palabras de Leandro Esteban, portavoz del Ejecutivo, se están acometiendo las reformas en un marco de "austeridad y de eficacia en el gasto", manteniendo "la pluralidad y la libertad en la televisión regional".
Aguirre apuesta por privatizar Telemadrid
El anuncio del Gobierno también deja en evidencia al resto de comunidades gobernadas por el PP, que ahora tendrán que empezar a tomar decisiones, a excepción de Castilla y León, que no tiene televisión pública. Según desveló la propia Cospedal, su homóloga madrileña, Esperanza Aguirre, también es de la idea de privatizar Telemadrid, como por otra parte ya había defendido en público en más de una ocasión.
Recientemente, Aguirre aseguró que las televisiones públicas "deben ser administradas por los profesionales encargados de gestionarlas, y no los gobiernos". Su número dos, Ignacio González, confirmó esta intención al apuntar que "la preferencia es privatizar". En otras palabras, "emprender el camino liberalizador del que la presidenta siempre ha hecho gala y del que ha sido pionera", en voz de un alto cargo de la comunidad.
Por su parte, en un artículo escrito en Libertad Digital, Ramón Luis Valcárcel detalló las claves del ajuste económico que sufrirá la radiotelevisión autonómica, cuya asignación pasa de 26 millones a 20. Según el Ejecutivo de Murcia, la corporación ya se encaminaba hacia la privatización de facto hasta que Mariano Rajoy articulara la norma, como finalmente ha ocurrido.
El objetivo de la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, de 31 de marzo de 2010, no es otro que flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica para "ampliar la capacidad de elección y decisión", lo que -dicen en Moncloa- "pondrá en aprietos a quienes no quieran dejar de mantener el control".