El Ministerio del Interior quiere tomar cartas en el asunto ante los posibles episodios de violencia callejera que se están produciendo en manifestaciones o en jornadas de protestas como la pasada huelga general.
Para ello, ha anunciado que está trabajando con el Ministerio de Justicia para pactar un endurecimiento en el Código Penal relacionado con los delitos de orden público. Así, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha confirmado a El País que existe la posibilidad de que las asociaciones, partidos políticos y sindicatos que convoquen manifestaciones respondan penalmente si alguno de sus afiliados causan daños con relevancia penal durante esos actos.
Del mismo modo, Interior quiere extender a estos delitos la responsabilidad pecuniaria de padres y tutores cuando la infracción la cometan menores de edad. En este sentido, Ulloa afirma que "es nuestra intención, y así se lo hemos transmitido al Ministerio de Justicia, que los daños en los bienes que se causen en las algaradas por menores de edad sean pagados por sus padres o tutores".
Además, añade que "si los autores de los daños pertenecen a un partido político, sindicato o asociación haremos que la persona jurídica responda no sólo civilmente sino también penalmente".
La intención del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz es presionar a los organizadores se esfuercen en controlar a sus miembros que participan en las protestas. Y es que si los afiliados provocan algún disturbio durante una huelga o manifestación sería el sindicato el que respondiera penalmente por estos actos.