El caso de Antonio Polonio Correa es una buena muestra del caos reinante en la Junta de Andalucía, y el descontrol de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Andalucía en la adjudicación de ERE fraudulentos.
Tal y como informa El Mundo, este propietario de una empresa de movimiento de tierras en Las Navas de la Concepción, firmó el 1 de octubre de 2003 una protocolo de colaboración con el entonces director general de Trabajo autonómico. En virtud de tal acuerdo, la Junta se comprometía a concederle una ayuda por un importe máximo de 150.000 euros. Esta subvención se concedió como apoyo de la Administración autonómica a "sectores en situación de crisis o en vías de desarrollo" en esta comunidad. Polonio Correa solicitó la ayuda para comprar un camión y un remolque, que le costaron 161.644,58 euros.
En febrero de 2005, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, autorizó al beneficiario a hacer un endoso a favor de la antigua Caja San Fernando para disponer del importe líquido de la ayuda, que se imputaba a la partida presupuestaria del Fondo de reptiles, la ya célebre 31L.
Pero el pago nunca llegaba. El 22 de mayo de 2007, Antonio Polonio envió una carta al director general de Empleo, en el que le explicaba el grave perjuicio que le había causado a su empresa, porque tuvo que renovar hasta en 3 ocasiones la póliza de crédito con sus consiguientes costes financieros. Polonio tenía que cumplir con unos intereses de 40.000 euros.
Siete meses después y casi tres años después de concedérsele la ayuda, Polonio recibió los 150.000 euros más 30.000 euros en concepto de intereses: 180.000 euros que no salían de donde parecía.
La trampa
Según refleja la investigación de los ERE, el exdirector general recurrió a una póliza de prejubilaciones para pagar al empresario. Lo incluyó irregularmente en el seguro colectivo de rentas vinculado al expediente de S.A Manufactura Española del Corcho (Samec), empresa en la que, obviamente, nunca había trabajado.
De los 22 beneficiados por ese ERE fraudulento, dos no habían trabajado nunca en la empresa sevillana. Uno era el propio Polonio, y otro era el concejal socialista de Camas José Antonio García Prieto, que recibió una prima al contado de 68.161,39 euros. El socialista también aparece como falso prejubilado en el ERE de Intersur.
Ahora, la Consejería de Empleo de la Junta le ha comunicado que le ha abierto un expediente de reintegro para recuperar los 180.000 euros que recibió de manera fraudulenta. Por eso, el empresario se ha decidido a querellarse contra Javier Guerrero por las "consecuencias mercantiles y personales" que la inclusión como intruso en ERE le están causando.
Polonio Correa pide que se interrogue a Guerrero, y esgrime en su favor que la Dirección General de Trabajo no tiene en ningún sitio un documento que pruebe que él firmó el boletín de adhesión individual a la póliza de prejubilaciones financiada por la Junta de Andalucía. El querellante le imputa a Guerrero falsedad documental y prevaricación.