El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, dentro del 'caso Gürtel', ha imputado en el procedimiento a la exconsejera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Angélica Such, y le ha citado a prestar declaración el próximo 30 de mayo, según ha informado el tribunal valenciano en un comunicado.
Such, quien también es diputada del PP, tendrá que acudir a declarar a las 10.30 horas, en una investigación en la que el magistrado pretende ir despejando dudas sobre las mesas de contratación que adjudicaron contratos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel.
Las primeras citaciones, después de varias modificaciones, serán el 26 de abril, día en que tendrán que acudir al TSJCV el exjefe de área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Isaac Vidal (9.30 horas); el jefe del servicio de Promoción de la agencia, Jorge Guarro (12.15 horas); y la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalidad valenciana, Dora Ibars (16.00 horas).
Al día siguiente, el 27, están citados la exadministradora de varias empresas de la conocida como trama Gürtel, Felisa Jordán; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret (11.30 horas). Asimismo, el 8 de mayo, a las 12.00 horas, tendrá que prestar declaración, también en calidad de imputada, la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez.
En total, el número de imputados en esta causa ascienden, por el momento, a 26, ocho de los cuales son representantes legales de varias empresas. Entre los 26 imputados se encuentran cinco diputados de las Cortes Valencianas, algunos de ellos con cargos en el PPCV: Yolanda García –extesorera del PP–; David Serra –vicesecretario de Organización del partido–; Ricardo Costa –exsecretario general del PP–; Vicente Rambla, expresidente de la Generalidad valenciana y exconsejero de Industria, Comercio e Innovación.
Junto a ellos, hay imputadas otras personas que han ocupado o desempeñan diferentes cargos en la Generalidad valenciana: Milagrosa Martínez; Rafael Betoret; Jorge Guarro; Dora Ibars; Angélica Such e Isaac Vidal. Asimismo, figura como imputada Cristina Ibáñez, exgerente del PP valenciano; la empresaria Isabel Jordán; y el empresario Rafael Martínez –expresidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa)–.
Además, en este procedimiento están imputados algunos de los presuntos cabecillas de la trama: el que fuera dueño de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', el exconsejero delegado de esta mercantil, Cándido Herrero; el expresidente de Special Events, Pablo Crespo; el presunto líder de la trama y propietario de estas empresas, Francisco Correa; y el excontable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo.
Otros de los imputados, en concreto, ocho, son representantes legales de las mercantiles Facsa, Enrique Ortiz e Hijos, PIAF, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallada, Construcciones Hormigones Martínez, Lubasa Desarrollos Inmobiliarios y Sedesa.
Origen de la causa
La causa de presunta financiación irregular del PPCV llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalidad valenciana.
En concreto, el magistrado instruye la causa por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007, y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.
El juez rechaza que el PP sea acusación
Asimismo, el magistrado José Ceres, ha decidido rechazar la querella interpuesta por el PP para ejercer la acción popular al considerar que esta formación no concreta "mínimamente" los hechos por los que se ejercita la acción penal ni tampoco se dirige contra ninguna persona aforada ante este tribunal.
Así lo determina en un auto de fecha de este lunes, en el que acuerda no tener "por formulada válida y jurídicamente" la querella ni por personado en concepto de acusación popular al PP. Contra esta decisión, de 15 páginas, puede interponerse recurso de reforma y/o de apelación, aunque en ese caso, al carecer de efecto suspensivo, no tendrá condición de parte y se le notificarán solamente las resoluciones que afecten a la tramitación del recurso.